De la Rúa optó por el mercado

Al tener que volar a la Cumbre Iberoamericana de Panamá sin la firma de gobernadores peronistas, el presidente ha sufrido un duro revés. Sus metas: acordar con ellos un severo régimen fiscal y difundir el monto del blindaje que por 20.000 millones de dólares se negocia con el FMI. Nada de eso ocurrió. Para peor, el ministro de Economía, José Luis Machinea, le dijo que renunciaba si no se concretaban las reformas.

Consuela poco para su objetivo de generar confianza externa advertir que la responsabilidad será de los justicialistas que, cuando vean que no pueden tensar más la situación, terminarán por firmar el Pacto Fiscal. Por ahora los gobernadores ratifican sus demandas por cambiar congelación de gastos, por autorización para aumentarlos según el crecimiento vegetativo y una ayuda social ampliada.

Un país que no pudo salir de la recesión por más de 30 meses debía entrar en turbulencia con sus acreedores, pero también con las capas sociales más afectadas por el modelo de acumulación y distribución. Atención: gran parte de ellas son las que sufragan por la Alianza, cada vez más distanciada de la opinión popular.

Entonces ¿a quién calmar primero? La respuesta está reiterada en el paquete de medidas que el presidente anunció una semana atrás, una derivación obligada del enfoque para enfrentar la crisis heredada del menemismo aplicado desde hace 11 meses. ¿Hizo un balance el gobierno de su gestión? ¿Puso a prueba el rigor analítico para comprender por qué ningún pronóstico de crecimiento se cumplió y lo que se negaba hace seis meses (que se negociaba un blindaje) hoy surge como tabla de salvación?

La argumentación se repite: poner en caja el déficit fiscal para dar confianza interna y externa a los inversores para que traigan sus capitales y saquen a la economía criolla del largo sueño, fórmula en apariencias irreprochable, si no ocultara que este camino beneficia a un puñado de intereses y afecta a la mayoría. El equilibrio fiscal es una necesidad objetiva, pero no es incoloro: depende cómo se busquen los recursos y cómo se los gasta. La reforma del régimen previsional que pone en tensión a la Alianza generará una fuerte transferencia de recursos quitados a los futuros jubilados para poder afrontar los compromisos con los acreedores, y no una innovación que favorecerá a los ancianos de menos recursos. No hay que mirar bajo el agua para verificar que la liquidación del sector de reparto es el remate final para el esquema pergeñado por Domingo Cavallo para impulsar los fondos de pensión, cuyo negocio es prestarle plata al Estado a un alto interés.

Balance negativo

Una semana después de la dramática apelación presidencial que encontró augurios externos, parece haberse agotado la tregua de los mercados y desnuda la debilidad política de De la Rúa. Cuando se presentó el nuevo programa, fue con la intención de fortalecer su liderazgo luego de la conmoción que generó la renuncia de Carlos Alvarez. Yerro de apreciación como fue la malhadada reorganización ministerial, el verdadero punto de partida de la crisis política que obligó al ex vicepresidente a dejar su cargo. Sin su ladero, el presidente no sólo no pudo convencer a los gobernadores peronistas para que respalden ya el pacto fiscal quinquenal, sino que tampoco logra alinear a toda la Alianza, tanto para el respaldo del presupuesto como en la poda de 200 pesos para la mayoría de las futuras jubilaciones, el punto más reclamado por el FMI. Esos ahorros que se proyectan son clave de solvencia para afrontar los compromisos.

Menos conocido es el papel que ha jugado, sin éxito, el ex presidente Carlos Menem, que puso a su operador más prestigioso, el senador Eduardo Bauzá, en la tarea de tratar de convencer a los gobernadores, especialmente de las provincias más pequeñas, de por sí las más necesitadas de auxilio nacional y, por eso, prestas a la firma del pacto federal. Bauzá recibió un negro panorama del titular del Banco Central, Pedro Pou, hombre de la escuela de Chicago, cuando pidió «darle una mano al presidente». Le contó de los peligros de una fuga de capitales ya insinuada desde hacía semanas, sumado a un sugestivo pase de pesos a dólares.

Pero la mediación no alcanzó para superar el objetivo político del PJ de quedarse como abanderado de la justicia social, con la cual arrancó fondos extras, primero 100 millones que consiguieron elevar a 225 millones (por un año para Machinea, por un quinquenio para los gobernadores) a cambio de abandonar, por ahora, la formación de una unidad ejecutiva «independiente» de todos los fondos sociales y de los planes trabajar que hubieran herido sensiblemente a las ministros de Solidaridad Social y de Trabajo, acaso con la renuncia de Graciela Fernández Meijide, el símbolo formal de que la Alianza existe.

Réditos para un gobernador

Las negociaciones fueron el espacio elegido por el bonaerense Carlos Ruckauf y el cordobés José Manuel de la Sota para trenzarse en una interna de dureza frente al gobierno para exhibirse como los triunfadores de cada concesión que arrancaron. Los dos conocen las limitaciones, pero han jugado al borde del abismo para surgir, particularmente el bonaerense, como salvadores. «Ruckauf necesita una semana más de micrófono», critican en la jefatura de gabinete, cuyo titular, Chrystian Colombo, llevó el peso de las negociaciones y su ahora mala relación con los gobernadores. Sin estrategia de seducción o de convencer por el rigor, algunos oficialistas no olvidan cómo Menem utilizaba los ATN y el goteo de la ayuda federal para ponerlos en caja, incluso para su proyecto político personal.

Conclusión: el presidente voló a Panamá sin que el peronismo firmara el pacto: no pudo sentar ni a los mandatarios más asfixiados que firmarían ahora pero temen quedar descolocados. ¿Quiere decir esto que Ruckauf le hace marcar el paso a todos los suyos y al propio presidente? Advirtiendo que si se desploman las negociaciones por el blindaje, la responsabilidad será del PJ, el gobierno supone rebanarle el espacio que ganó el bonaerense.

Colombo elucubra: si logra el fin de semana convencer a los gobernadores asfixiados, comienza a funcionar el trámite de ratificación de las legislaturas; cuando una mayoría de ellas lo haya hecho, el Parlamento convierte el pacto fiscal con una mayoría calificada. «Salta no aprobó el firmado el 6 de diciembre pero lo cumplió porque es ley de la Nación», sostiene, seguro de que ese es un atajo posible, pero pensando en la obstinación del santacruceño Nestor Kirchner y algún otro: todo es inviable sin las gobernaciones grandes.

La relación De la Rúa-Ruckauf está dañada. El bonaerense ha tratado de sacar partido aprovechando la fisura existente en el Frepaso que en su provincia se expresa en una cruel disputa de posiciones, por falta de liderazgo local y la ausencia del líder nacional. «El silencio de Chacho es criminal», confiesa un legislador bonaerense. Chacho Alvarez, desde su casi ostracismo en el local partidario del Frente Grande envió no obstante algunos mensajes. Aconsejó votar el presupuesto nacional, previo algunos cambios que serán inevitables pero postuló la «libertad de conciencia» respecto a como plantarse frente a la reforma previsional, asumiendo pragmáticamente la imposibilidad de disciplinar a su tropa con una medida de semejante impopularidad.

Lógicamente que el jefe del bloque de la Alianza, el frentista Darío Alessandro, queda en una posición desairada. Ante el inevitable decretazo como señal para afuera y adentro, Alvarez le hizo saber que no lo enviará al Parlamento para su análisis como marca la constitución nacional, hasta del debate del presupuesto, para no pe
rturbar su aprobación.

Palabras inoportunas

De la Rúa hace mal calificando como progresista la reforma previsional y tampoco aclara el sentido real de otras disposiciones de su programa anticrisis. Otra medida como eliminar la imposición sobre los créditos favorece a aquellas empresas que mediante un sofisticado mecanismo se autoprestan con filiales fantasmas en paraísos fiscales y no tributan así ganancias. Ahora quedarán beneficiadas a dos puntas.

Mensajes tan equívocos, ocultando a quien favorece el paquete económico, omitiendo un balance de los numerosos errores cometidos como haber fallado en los pronósticos de crecimiento del PBI y los ingresos que obligan a modificar la ley de responsabilidad fiscal, no puede sino generar dudas sobre la capacidad para pilotear la crisis. El olfato sensible de un «animal de poder» como es el peronismo hace el resto.

Excepto en la Capital Federal, la Alianza hace agua en otros distritos y en diferentes instancias. De hecho, el Frepaso quedó marginado de la elaboración y negociación del nuevo paquete, sin posibilidad de debate franco, como se reflejó en el té en Olivos del presidente con los legisladores de la Alianza, encuentro que generó un profundo malestar y dejó nuevas dudas sobre algunos manejos políticos de De la Rúa.

En estas condiciones será difícil sostener la Alianza con su actual composición, pero alianza, para el gobierno, deberá haber. De esta crisis puede surgir el eventual reemplazo del Frepaso si este sector (o parte de él) llega a la conclusión de que no puede modificar un rumbo que detesta y que es capaz de presentar una alternativa. Para diciembre, Chacho prepara un congreso nacional donde definirá su propio destino. Debe ser cauteloso para que Aníbal Ibarra no recoja un sitial hoy vacío.

La semana que llega inaugura el ciclo de los paros y movilizaciones callejeras ya no espontáneas, ni las que con orfebrería organiza la Central de Trabajadores Argentinos. Tres centrales van al paro, en parte activo. Pueden ser multitudes, no los piqueteros, los que protestarán. Sin estrategia para darle al gobierno blindaje social para enfrentar los futuros escenarios, el presidente podría repetir la amarga reflexión del católico francés François Mauriac: en política no se puede ser feliz dos veces.