Extrema tensión en Sucre

EL EPICENTRO de la durísima confrontación que parte en dos a la sociedad boliviana (geográfica y étnicamente) está hoy ubicada en Sucre, capital del departamento de Chuquisaca y sede de la Asamblea Constituyente, que está paralizada desde hace más de tres meses. Campesinos indígenas que constituyen el más sólido respaldo al gobierno de Evo Morales están cercando la ciudad en reclamo de que la Constituyente reanude su labor, y hacia allí convergen los campesinos aymaras desde La Paz. Todas las fuerzas de la oposición, y particularmente los prefectos de la «media luna» (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, a los que se sumó Cochabamba), que alientan tendencias separatistas, se han atrincherado en la Constituyente y no la dejan funcionar.

 

Constituyente y capitalidad

De esta manera han logrado paralizar al país, y como veremos esta actitud saboteadora se extiende al Poder Legislativo. Se realizó un intento de sacar del pantano a la Constituyente el lunes pasado activando una Subcomisión de Diálogo integrada por representantes del MAS de gobierno y del MNR y la UN de la oposición, pero fracasó. A tres semanas del plazo final del 14 de diciembre no se ha redactado una línea de la nueva Carta. A todo esto, las fuerzas opositoras de Sucre metieron de contrabando en la Constituyente el tema de la capitalidad, reclamando que Sucre sea además la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, suplantando a La Paz. Y mientras esto no se resuelva (para lo cual por cierto no hay votos, pero sirve para la explotación demagógica) no se aborda ningún otro de los temas específicos de la Constituyente. Es una típica maniobra diversionista. Los campesinos de Chuquisaca se oponen a estos procederes y cercan la ciudad de Sucre. Se les sumarán los campesinos aymaras de La Paz, que están en marcha hacia allí por resolución de un masivo cabildo abierto efectuado en Achacachi, al oeste de la capital, que declaró «la guerra a todos los oligarcas karas (blancos enriquecidos)». Se referían en particular a los prefectos de Santa Cruz (Rubén Costas), Tarija (Mario Cossio), Beni, Pando y Cochabamba (Manfred Reyes Villa, líder de la derechista Nueva Fuerza Republicana, NFR) que adoptaron la gravísima medida de proclamar la «desobediencia civil» contra el gobierno, acorde con sus aspiraciones secesionistas, mientras el prefecto de Chuquisaca, David Sánchez, llamó a sus cofrades a una reunión con el gobierno para alcanzar un acuerdo.

En este cuadro el vicepresidente Álvaro García Linera declaró que «el momento de tensionamiento de fuerzas está más cerca de lo que parece». A su vez la presidenta de la Constituyente, Silvia Lazarte, del MAS, expresó: «Estamos decididos a continuar trabajando aquí, aunque nos echen, aunque nos maten, vamos a permanecer en esta ciudad».

 

Vilipendio a la tradición de Sucre

El presidente Evo Morales insiste en que la Constituyente debe cumplir con su obligación de entregar un texto constitucional con plazo máximo al 14 de diciembre.

Este tenso período de transición no ha estado exento de situaciones de violencia. En Sucre, estudiantes y funcionarios de un instituto normal, vinculados al comité civil de Chuquisaca, desalojaron por la fuerza a un grupo campesino que se había guarecido en ese local, lo que fue considerado una manifestación de racismo. Se menciona «un saldo no precisado de contusos en un nuevo episodio de la fuerte polarización que impide la reanudación de los trabajos de la Asamblea Constituyente». Se registraron asimismo escenas de violencia en Santa Cruz y otros departamentos, a manos de grupos de choque organizados por los comités cívicos opositores.

Marcos Domich, dirigente del PC boliviano, dice en un artículo titulado «Parar la ofensiva derechista» que «el asunto de la capitalidad para Sucre es un pretexto hábilmente introducido para colapsar y enterrar a la Constituyente» y alude al episodio en que «universitarios y funcionarios de la alcaldía espetaron insultos francamente racistas» contra los campesinos indígenas. Resulta paradojal que ello acontezca en la ciudad que fuera «cuna de la independencia americana» y centro de ideas revolucionarias del movimiento universitario, donde la antigua Federación Universitaria Boliviana acuñó y difundió la consigna de: «Minas al Estado y tierras al Indio». Agrega: «Pero hay algo más terrible. Hemos escuchado con estupor a un presunto universitario gritarle a un campesino que Bolivia tiene seis departamentos. ¡Que La Paz, Oruro y Potosí no son Bolivia! En cambio, la dignidad, la conciencia nacional, estaba justamente en los campesinos que vivaban la unidad nacional y su derecho a estar en Sucre como bolivianos. Alguna campesina le dio cátedra a los universitarios, incluido su Rector».

 

Una oposición rabiosa: Mutún y Bono Dignidad

Los tres departamentos citados en esa frase, incluida el que alberga la capital La Paz, son los que no se plegaron al llamado de «desobediencia civil» de los prefectos, apuntado a derribar al gobierno de Evo Morales.

Con el mismo objetivo actúa la oposición en los cuerpos legislativos. Un ejemplo contundente es la no aprobación parlamentaria del convenio de explotación de hierro de los ricos yacimientos de El Mutún, iniciativa de extraordinaria importancia para la afirmación soberana de Bolivia sobre sus recursos naturales, al igual que lo hizo el gobierno con los hidrocarburos. El segundo ejemplo es el bloqueo parlamentario del Bono Dignidad, que destina a los adultos mayores desvalidos una parte de los beneficios de la renta petrolera que se hace pagar a las empresas, y cuya aplicación rechazan los prefectos opositores.

En conclusión, señala Domich, «hay que organizar una contraofensiva coherente, compactar las filas del pueblo y las fuerzas progresistas e imponer tanto la legalidad como la legitimidad» del programa del gobierno. *