Militares y víctimas en la misma mesa

Por Víctor Vaccaro

Los comandantes en jefe, en especial el de la Armada, almirante Jorge Arancibia, dieron a entender que los recientes fallos judiciales que vinculan a varios generales activos y en retiro del Ejército con los crímenes más notorios ocurridos durante la dictadura, así como el desafuero y eventual procesamiento del senador vitalicio Augusto Pinochet «han producido un alejamiento de las posibilidades de obtener la información».

El abogado Héctor Salazar confirmó a «LA REPUBLICA» que el conjunto de los profesionales que participaron como él en la Mesa de Diálogo «le pedimos al ministro de Defensa Mario Fernández que considere la posibilidad de una reunión antes del 6 de enero próximo y en principio el gobierno ha aceptado».

«Estamos preocupados –explicó — porque los uniformados están condicionando la entrega de la información al término de lo que llaman «el desfile de altos oficiales por los tribunales» no obstante que los compromisos adquiridos excluyeron ese tema. Nuestras objeciones públicas apuntan a eso: jamás el acuerdo de la Mesa de Diálogo ni lo que se conversó en su seno condicionó una cosa a la otra».

La cuestión es saber si los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros estarán dispuestos a reanudar el diálogo en esa instancia creada por el Ejecutivo. Salazar entiende que «si el Presidente de la República nos convoca porque el interés del país así lo requiere, tal como nos dijo cuando se concluyó la tarea, no creo que las Fuerzas Armadas puedan negarse a concurrir».

También consideró positivo el cambio de tono del Almirante Arancibia, quien ayer explicó que al hablar de «caza de brujas» no se refirió al procesamiento de generales por violaciones de derechos humanos, sino al clima de confrontación que divide al país, de manera que todos los chilenos se unan en bien de Chile.

«Yo aprecio un repliegue, porque es evidente que sus anteriores declaraciones apuntaban a criticar la acción de los Tribunales de Justicia, lo que implicaba transgredir normas constitucionales», comentó Salazar.

El defensor de derechos humanos coincidió con una denuncia de los diputados de izquierda Jaime Naranjo y Nelson Avila, quienes revelaron que en 1981 «tuvo lugar una segunda caravana de la muerte» en la que se ordenó a soldados de distintas unidades remover los cementerios clandestinos y lanzar los restos al mar, cremarlos o arrojarlos al fondo de viejas minas abandonadas.