España pasa la página del franquismo

La ley fue aprobada por mayoría con los únicos votos en contra del principal partido de oposición, el Partido Popular (PP, conservador), que la considera «perjudicial para la convivencia nacional», y los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que consideran que no va lo bastante lejos.

La nueva ley «reconoce y amplía derechos y se pone del lado de las víctimas, de todas las víctimas», afirmó la número dos del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, al defender el texto legislativo en el Congreso.

La nueva legislación, que aún habrá de ser aprobada en el Senado, ha salido adelante tras una dura negociación, en la que el gobierno tuvo que admitir enmiendas de distintos grupos para lograr el apoyo de la coalición ecocomunista IU-ICV y los partidos nacionalistas CiU (Cataluña) y PNV (País Vasco).

El Ejecutivo logra así su objetivo de aprobarla antes de que terminara la actual legislatura.

Desde el principio, el gobierno se tuvo que enfrentar a la oposición tanto del PP, que la consideraba «innecesaria», como de los partidos de izquierdas que la creían insuficiente.

«Este es un paso que se suma a muchos que hemos dado juntos a lo largo de estos 30 años (desde las primeras elecciones democráticas en 1977, ndlr). Una empresa de solidaridad, concordia y justicia y una empresa que la gran mayoría de los españoles quieren ver culminada», afirmó de la Vega.

El texto declara la ilegitimidad –y no anulación, como pedían algunos partidos– de los «tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos» tanto franquistas como republicanos constituidos durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos «políticos, ideológicos o de creencia religiosa».

La ley también obliga a los organismos públicos y a particulares a retirar «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura».

En caso de no hacerlo, se prevén sanciones como la retirada de subvenciones y ayudas públicas, aunque se consideran excepciones a la retirada cuando los objetos sean «de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados» o por «razones artísticas o arquitectónicas». *