Gobierno planea redistribuir propiedad en Ecuador

El gobierno socialista de Rafael Correa se propone redistribuir la propiedad en Ecuador, aunque sin confiscar, estatizar o nacionalizar los bienes privados, afirmó ayer el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Fernando Bustamante.

«Obviamente la redistribución implica que habrá que sacar a quienes tienen algo, para darles a los que no tienen nada, pero eso lo hacen todos los estados del mundo», declaró el funcionario al canal Teleamazonas.

No obstante, descartó que el gobierno esté pensando en un socialismo al estilo soviético.

Si se «está temiendo una especie de socialismo al estilo soviético, con una nacionalización masiva de la economía, no estamos hablando de eso, pierda cuidado», señaló Bustamante.

Correa apuesta por un Estado regulador que controle la banca, termine con las tierras improductivas, «democratice los medios de producción» y administre los recursos naturales, empezando por el petróleo, principal fuente de financiación.

Para ello cuenta con una mayoría absoluta en la Asamblea que reformará la Constitución de Ecuador desde mediados de noviembre, cuando entrarán en funciones los 130 asambleístas elegidos el 30 de setiembre.

Sus planes han sido cuestionados por empresarios y opositores de derecha, que temen un modelo similar al impulsado por su colega y amigo, el presidente venezolano Hugo Chávez, quien lleva a cabo un drástico plan de nacionalizaciones.

«Todos los programas del gobierno están encaminados, precisamente, como se ha dicho, a hacer que esto sea una sociedad de propietarios, y eso implica que hay que hacer redistribuciones», insistió Bustamante.

Sin embargo ­aclaró el funcionario­ «nadie ha hablado de confiscaciones» y hasta el momento el gobierno ha redistribuido los recursos definiendo nuevas prioridades para invertir el presupuesto.

«En vez de gastar dinero en determinados rubros del Estado, lo utilizamos, por ejemplo, en microcréditos para adquirir vivienda», sostuvo.

Según el ministro, el Ejecutivo respetará la «propiedad y la inversión legítimas que cumplan con su función social, que den acceso a las mayorías».

«Por ejemplo nos parece injusto una propiedad privada que bloquee, impida que los muchos, la mayoría, puedan disfrutar ese derecho», justificó Bustamante. *