El asesinato de Letelier

Washington (ANSA)

Así lo confirmaron algunos de los miles de documentos secretos desclasificados hoy por el gobierno de Estados Unidos, en su mayoría cables intercambiados entre la central de la CIA en Langley, Virginia, y su base en Santiago de Chile, que venía de sostener ampliamente las actividades de desestabilización que culminaron con el derrocamiento de Allende, en setiembre de 1973, y la sangrienta represión liderada por Pinochet.

Después de una larga disputa al interior del gobierno, dividida entre el impulso que el presidente Bill Clinton dio a la desclasficación de los documentos sobre Chile y la resistencia de la CIA y otras agencias de seguridad a revelar sus métodos, finalmente ayer las autoridades norteamericanas abrieron al público unos 16.000 documentos.

Unos 1.550 de esos documentos son memorandos de la CIA.

Los archivos recorren especialmente la relación de la central de inteligencia con los dramáticos sucesos políticos en Chile durante la década del 70, desde el involucramiento de los espías norteamericanos en el apoyo logístico y financiero de la oposición a Allende, hasta sus conexiones con los agentes secretos de Pinochet, en especial aquellos encargados de asesinar a sus opositores exiliados en el extranjero.

Clinton ordenó la desclasificación en febrero de 1999, y antes de la de ayer hubo otras dos tandas de liberación de archivos. Al igual que en las anteriores, en la de ayer una gran cantidad de textos fueron publicados con tachaduras en negro, que impiden la lectura de nombres, lugares y situaciones.

Las leyes estadounidenses prevén que los documentos desclasificados pueden ser censurados de tal manera que sus servicios de inteligencia mantengan en el secreto o anonimato las fuentes y recursos que está utilizando en la actualidad o que piensa aplicar en el futuro.

Superando esa censura, algunos de los documentos señalan que Pinochet llamó personalmente por teléfono a Stroessner –ambos involucrados en la llamada Operación Cóndor, de represión coordinada entre las dictaduras del cono sur sudamericano–, para pedirle el «favor especial» de facilitar la entrega de pasaportes para dos agentes de su policía secreta, Michael Townley y Armando Fernández Larios.

Ambos fueron luego juzgados en Estados Unidos en 1978, junto a otros sospechosos de participar en el asesinato de Letelier, muerto, junto a su asistente estadounidense Roni Moffitt, al explotar el automóvil con el que circulaban por el barrio de las embajadas en Washington. Townley colaboró con la Justicia y obtuvo una nueva identidad.

En un comunicado difundido en coincidencia con la desclasificación, la Casa Blanca admitió que las «acciones aprobadas por el gobierno de Estados Unidos durante ese período», en referencia a los años de la Presidencia de Allende,» agravaron la polarización política y afectaron la larga tradición chilena de elecciones democráticas y de respeto por la constitución».

La tercera tanda de documentos secretos –después de los 6.900 publicados en junio y octubre de 1999– debían haber sido abiertos al público en setiembre, pero se demoró hasta aye para permitirse una «última revisión» que dejara a salvo los recursos y métodos de las operaciones encubiertas.

El portavoz de la CIA, Mark Mansfield, dijo que «es importante ver estos eventos en su contexto histórico apropiado», y afirmó que las actividades de la central de inteligencia «fueron conducidas en el marco de lo que era la política norteamericana de la época».

Las acciones encubiertas, dijo Mansfield, «fueron tomadas bajo la dirección de la Casa Blanca» y con la aprobación de comités de coordinación política de varias ramas del gobierno.

Los documentos también confirmaron la concreta participación norteamericana en el sostenimiento de la oposición a Allende.

Según los archivos, la CIA proveyó fondos secretos a la Democracia Cristiana y al Partido Radical.

Apenas tres semanas antes de la caída de Allende, funcionarios estadounidenses aprobaron el giro de un paquete de un millón de dólares en asistencia para la oposición.

Informes revelados en las últimas décadas señalaron la amplia participación norteamericana en el sostenimiento de grupos de ultraderecha que lanzaron maniobras de hostigamiento político para desestabilizar al gobierno Allende.

Se recuerda especialmente una frase del entonces presidente Richard Nixon, quien pidió a sus asistentes que, con las acciones encubiertas, se hiciera «chillar la economía chilena» con el objetivo de desprestigiar a Allende.