Las acusaciones contra el presidente filipino

Manila, AFP

El Senado filipino, ante el cual deberá comparecer el jefe de Estado, Joseph Estrada, analizará minuciosamente las acusaciones que pesan contra el primer mandatario, definidas en la moción parlamentaria adoptada ayer lunes, y entre las cuales figuran: corrupción, favoritismo, abuso de la confianza pública y violación de la Constitución.

El presidente Estrada está acusado de tales cargos por:

* haber recibido 10 millones de pesos (208.300 dólares) por mes en concepto de comisiones procedentes de los jefes del «jueteng», un juego ilegal, a través de su amigo, el gobernador provincial Luis Singson, entre noviembre de 1998 y agosto de 2000;

* haber recibido para su provecho personal 130 millones de pesos de los 200 millones de pesos de subvenciones del gobierno a los productores de tabaco;

* haber participado directamente en asuntos de especulación inmobiliaria a través de una sociedad controlada por su familia que construyó 36 inmuebles en Manila;

* haberse beneficiado de una fortuna de origen dudoso y, por consiguiente, ser responsable de perjurio, pues el sumario demuestra que él, su esposa, sus amantes y sus hijos poseen intereses en sociedades que no figuran entre las tres mencionadas en su declaración de patrimonio personal (realizada en el momento de su elección);

* haberse entrometido en la investigación ordenada por la Comisión de operaciones de bolsa contra un «amigo del presidente» a causa de unas intervenciones bursátiles sospechosas;

* haber concedido a la sociedad de juego Best World Gaming and Entertainment Corp la licencia de una lotería por internet en aplicación de una decisión del comité filipino de organización del juego (PAGCOR). Según el sumario, el PAGCOR tomó su decisión de manera arbitraria y acordando a dicha sociedad una franquicia exclusiva para la totalidad del país;

* haber evitado a su hijo Jinggoy la aplicación de la ley tras unos problemas con el personal y los médicos de un hospital, así como a otro hijo, Jude, culpable de impago a un hotel;

* haber cometido perjurio al prometer durante su discurso de investidura no favorecer a ningún familiar o amigo durante su mandato;

* haber violado la Constitución en el ejercicio de sus poderes, al aprobar una donación de 100 millones de pesos procedente de los fondos públicos a una fundación privada administrada por su esposa;

* haber entregado 52 vehículos de contrabando incautados por los servicios aduaneros a miembros de su gabinete y otros altos responsables;

* haber designado a algunos miembros de su gabinete para otros cargos en contradicción con la Constitución.