Corte ratifica indultos

Por Isidoro Gilbert

La decisión del alto tribunal se produjo en el marco de una causa en la que la Cámara Federal de Bahía Blanca sobreseyó en forma definitiva a los supuestos ex represores altos oficiales navales Luis María Mendía, Antonio Vañek, Julio Torti, Juan José Lombardo, Juan Carlos Malugani, Raúl Marino, Edmundo Núñez y Zenón Bolino.

Los ocho militares estaban procesados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, por hechos ocurridos en las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén y donde se planteó la inconstitucionalidad del indulto favoreciendo a represores de los años del terror.

El máximo tribunal reafirmó su propio criterio y sostuvo que «la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia de orden público y tiene jerarquía constitucional».

Por ello, confirmó la sentencia de la Cámara Federal bahiense «en cuanto sobreseyó definitivamente» a los presuntos ex represores alcanzados por el indulto.

El fallo de la Corte está fechado el 19 de setiembre último pero fue conocido recién ayer y lleva las firmas de los ministros de seis de los nueve integrantes del cuerpo.

No es improbable que la Corte Suprema haya querido señalar que no ha cambiado su doctrina respecto a las leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia Debida) y los indultos, frente a casos puntuales como la del ex oficial naval Cavallo, que aguarda en México que la Justicia argentina le otorgue la extradición para evitar ser enviado para su juzgamiento a España, donde fue requerido por el juez Baltasar Garzón Real.

Presos de La Tablada

En tanto, entraron en sus 70 días de ayuno de protesta los 13 presos por el caso del copamiento por integrantes del Movimiento Todos por la Patria del regimiento de infantería de La Tablada, el 23 de enero de 1989.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le reclamó al gobierno argentino que otorgue a esos detenidos la segunda instancia judicial, garantía de la que la mayoría de ellos no tuvieron por el carácter de la ley imperante en el momento de que fueron procesados y condenados.

Cuatro de los presos, el ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, Enrique Gorriarán Merlo, Carlos Motto, Miguel Angel Aguirre y Claudio Rodríguez, fueron internados de urgencia en un hospital civil, por el temor de que la larga huelga de hambre pueda derivar en una tragedia. Gorriarán Merlo, que fue procesado cuando fue traído de México, fue condenado con una segunda instancia y su ayuno tiene el carácter de solidario con los hombres que comandó el copamiento de la guarnición militar.

El gobierno pidió al Parlamento que aprobara una reforma a la ley de Defensa de la Democracia para satisfacer el reclamo de la CIDH, aunque plantea que los detenidos no gozarán del beneficio del dos por uno, como tienen todos los procesados, según las normas del Pacto de San José de Costa Rica.

Otros proyectos más amplios del diputado Ramón Torres Molina y del senador Alberto Rodríguez Saa han sido torpedeados por legisladores justicialistas que, lo han señalado, no quieren que los detenidos salgan en libertad, cualquiera sea el costo. Ahora los abogados de los presos han presentado un recurso de segunda instancia ante la Cámara Federal de San Martín, la que derivó el caso a la Cámara de Casación Penal. No es improbable que en esa instancia pueda abrirse el recurso de revisión pero el trámite se demora por los plazos procesales, lo que genera angustia entre los familiares de los ayunantes.

Numerosos intelectuales, encabezados por los periodistas Osvaldo Bayer y Miguel Bonasso, ha entrevistado al ministro del Interior, Federico Storani, para encontrar caminos rápidos que permitan que los presos levanten la huelga de hambre y se cumpla con el reclamo de la CIDH.