Corte desestima procesamiento contra la familia de Pinochet

Un vuelco inesperado tuvieron los procesamientos en el caso Riggs al conocerse que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile desestimó el procesamiento contra el clan Pinochet al acoger recursos de amparos presentados por su defensa. De esta forma, sólo quedan ocho encausados por el caso.

Escrito por: LORETO SOLER

A mediodía del viernes, en audiencia pública, los ministros integrantes de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile Juan Eduardo Fuentes, Dobra Lusic y Mauricio Silva comunicaron la parte resolutiva del fallo, en el cual acogían el recurso de amparo presentado por la viuda y los cinco hijos del ex dictador, además de otros ex uniformados. Los magistrados, acogieron el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Lucía Hiriart viuda de Pinochet y de Verónica, Jacqueline, Marco Antonio y Lucía, hijos del ya fallecido uniformado. Augusto Pinochet Hiriart fue el único que no interpuso una acción judicial así que continúa encausado por este caso.

Además, los magistrados estimaron acoger la presentación efectuada por las defensas de Ambrosio Rodríguez, Oscar Aitken, José Sobarzo, Jaime Lepe, Guillermo Garín, Guillermo Letelier Skinner, entre otros. El tribunal rechazó sólo los correspondientes al abogado Gustavo Collao y a Eduardo Castillo. En los alegatos, las defensas de los procesados basaron principalmente su argumentación en que tanto la familia del fallecido general, así como sus colaboradores no pudieron cometer malversación de caudales públicos dado que no eran funcionarios del Estado.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) planteó que la fortuna del fallecido general (R) Augusto Pinochet provenía tanto del uso de gastos reservados como de la venta de armas, defendiendo de esta forma la legitimidad del fallo dictado por el ministro Carlos Cerda. Inmediatamente conocido el fallo de la Quinta Sala, los abogados querellantes en la causa anunciaron que apelaran ante la Corte Suprema cuya Sala Penal será la encargada en definitiva de definir el destino procesal de estas personas. En ese escenario la parte querellante tendrían un plazo de 24 horas para apelar de la resolución.

Luego serán los cinco jueces de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal los encargados de zanjar el destino de los encausamientos dictados por el ministro Carlos Cerda y de acuerdo al fallo de esos magistrados, los abogados defensores podrían solicitar que se revoquen los cargos en contra de sus clientes.

El jueves 4 de octubre el ministro Cerda dictó auto de procesamiento en contra de 23 personas y decretó su detención. Un día y medio después, el magistrado resolvía concederles la libertad y el fin de semana ya estaban todos de vuelta en sus domicilios. Pero el masivo encausamiento por el delito de malversación de caudales públicos ya había provocado una respuesta: los recursos de amparos.