Kirchner y los DDHH

Anulación de las leyes de impunidad, reapertura de causas contra ex represores y el primer juicio oral y público, con condena a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad, a un sacerdote, figuran en el «haber» del gobierno de Néstor Kirchner en materia de derechos humanos, que en el «debe» enfrenta, ante todo, la desaparición de un testigo clave para ese proceso en busca de «verdad y justicia».

«Es el primer gobierno que ha colocado a los derechos humanos como política de Estado», afirmó en diálogo con ANSA Luis Alén, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y agregó que la actual gestión decidió «escuchar la voz de la sociedad, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de los Familiares de Desaparecidos, y reconstruir memoria para educar».

Los argentinos «somos hijos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo», afirmó Kirchner ante las Naciones Unidas el 25 de setiembre de 2003, pocos meses después de asumir como presidente, y destacó que la defensa de los derechos humanos ocupaba «un lugar central en la nueva agenda» gubernamental.

A partir de esa decisión, ya en 2003 ambas cámaras del Congreso, en sintonía con la posición del Ejecutivo, aprobaron la nulidad de las «leyes de impunidad» (Punto Final, de 1986, y Obediencia Debida, de 1987), que en 2005 la nueva Corte Suprema ­surgida también del gobierno de Kirchner­ anuló definitivamente, por considerarlas inconstitucionales.

Se abrió así la posibilidad de activar las causas ­entonces 959­ contra los ex represores de la dictadura militar (1976-1983), reapertura que implica procesar a más de mil acusados de delitos de lesa humanidad.

En ese marco, en 2006 el ex policía Julio Simón ­el «turco Julián» de los campos clandestinos de secuestro, tortura y exterminio «Atlético», «Banco»y «Olimpo», según declaraciones de sobrevivientes­ fue condenado a 25 años de cárcel. *