Los piqueteros no aflojan en el norte argentino

Buenos Aires, DPA

El gobierno del presidente argentino Fernando de la Rúa reiteró que no va a negociar con los manifestantes que mantienen cortada la ruta internacional a Bolivia en demanda de trabajo y otras mejoras sociales «hasta que no devuelvan las armas» que tomaron el viernes pasado de un destacamento policial.

La ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, reiteró ayer que la nación «no va a negociar nada» con las personas que mantienen cortada la ruta 34, en Tartagal, al norte de Argentina, denominadas «piqueteros», «hasta que devuelvan todas las armas».

Fernández Meijide precisó que en los violentos incidentes registrados el viernes último, durante los cuales murió un desocupado de un disparo en la cabeza, «se robaron más de 500 armas y municiones, además de dos ametralladoras».

Los disturbios se originaron cuando la policía provincial intentó despejar la ruta en la madrugada del viernes. En los enfrentamientos murió un chofer despedido que reclamaba el pago de nueve meses de salario.

Esta tragedia desencadenó una furiosa reacción de los «piqueteros», a quienes se le sumaron habitantes de las ciudades de Tartagal y General Mosconi, que en un raid violento quemaron la comisaría, tomaron de rehenes a policías, además de robar las armas y saquear negocios.

Por tal, la funcionaria aseguró que «no va a haber movimientos para disolver nada porque hay temor de que se responda con armas de fuego».

Por su parte, el secetario de relaciones con las provincias del gobierno nacional, Walter Cevallos, quien integra el Comité de Emergencia, dijo que están «evaluando la posibilidad de abrir un espacio de conversación con todos los sectores de la comunidad del departamento de General San Martín (donde están los piquetes), al norte de Salta, en la búsqueda de una solución».

Cevallos explicó que la situación tiene «ribetes muy preocupantes», no sólo por la realidad social sino también por «los desbordes que se han producido anteayer en la localidad de Tartagal y, particularmente, por el armamento sustraído de dos comisarías y del depósito judicial de armas».

En ese marco, el funcionario remarcó que «hay que diferenciar muy bien entre los que atraviesan una situación social de pobreza, que legitima un reclamo», y entre los «grupos muy violentos que no quieren una solución, sino que intentan profundizar la situación de enfrentamiento».

El piquete que mantiene cortada la ruta 34 ya lleva 14 días y se originó en un reclamo de ex beneficiarios del plan Trabajar (destinado a combatir la desocupación) y aborígenes de la zona, quienes reclaman empleos, alimentos y ayuda social.