Horrores sin límite

por Victor Vaccaro – corresponsal en Chile

Aunque el presidente Ricardo Lagos reiteró anoche, poco antes de abordar el avión que lo llevó a una amplia gira por tres continentes, que las instituciones funcionan normalmente y el país está maduro para recibir tranquilamente las decisiones del Poder Judicial, las portadas de los matutinos hablaban ayer en sus principales titulares de inquietud en las FFAA por procesamientos a generales en retiro y ejercicio. El Mercurio, diario que encabeza la oposición, afirma que el sometimiento de altos ex oficiales del Ejército a los tribunales, junto con la no aplicación de la amnistía en los casos que involucran a militares por delitos perpetrados entre 1973 y 1978, han causado honda inquietud en las instituciones castrenses, al tiempo que este hostigamiento judicial perjudica los esfuerzos desplegados para ubicar a los desaparecidos, porque expone a acciones penales a quienes entreguen información sobre el particular.

El matutino alude particularmente al procesamiento dispuesto anteayer por el ministro en Visita Sergio Muñoz contra el brigadier general Hernán Ramírez Hald, actual jefe del Comando de Industrias Militares e Ingeniería del Ejército (CIMI) en relación con el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez; al fallo unánime de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones que revocó la libertad condicional que el mismo magistrado había otorgado al ex auditor general del Ejército general (r) Fernando Torres Silva, a quien enjuició como encubridor de aquel crimen y sigue detenido en el Hospital Militar, además de los cargos que se imputan en otros procesos a los generales (r) Manuel Contreras, Sergio Arellano Stark, Humberto Gordon (fallecido), Arturo Alvarez, Odlanier Mena y decenas de subalternos, aparte del propio Augusto Pinochet, desaforado, arraigado y a punto de ser detenido como jefe supremo de todos los imputados.

El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, reconoció que el juzgamiento de altos oficiales en retiro y activos son situaciones de las cuales siempre estamos preocupados y seguimos con especial interés, abogando por que ellas se resuelvan de la mejor manera y de la forma más rápida.

Su colega de la Marina, almirante Jorge Arancibia, propuso anoche que la sociedad chilena sea convocada a un gran pacto social, político y nacional para avanzar en convergencia hacia un destino mejor.

Advirtió que Chile «no saldrá de este pantano si se sigue en una suerte de guerrilla dialéctica, una cacería de brujas y una serie de actividades que en nada conducen a que superemos estas situaciones que nos están afectando a todos». El jefe naval agregó que estamos llegando a un punto extremadamente delicado, por lo que el pacto que propone debe concertarse en corto plazo con esos hombres buenos, sabios y sanos que en este país abundan, ya que esta verdadera locura colectiva que está pasando no nos lleva a ninguna parte.

Por su parte la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el arzobispo Francisco Javier Errázuriz reconoció que tenemos un Chile complicado. Hay que hacer avances en muchos frentes: en la verdad, la justicia y la paz.

En materia de verdad, los chilenos han perdido su capacidad de asombro ante las monstruosidades cometidas durante la dictadura militar y que ahora están saliendo a la luz.

La más reciente se comprobó el miércoles, cuando el juez Juan Guzmán, que tiene a su cargo más de un centenar de denuncias contra el general Pinochet, visitó el Cementerio General para ubicar e identificar restos de detenidos desaparecidos inhumados en el patio 28.

El magistrado estableció en el primer proceso que la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, inició contra el desaforado senador vitalicio, que el marido de ésta y otros 15 miembros de la dirección clandestina del PC asesinados en 1976, luego de ser capturados por agentes de la Dina en una casa de calle Conferencia, fueron enterrados, secretamente y sin identificarlos, en dicho patio.

Ahora las excavaciones no dieron resultados.

El juez constató que los restos habían sido removidos y trasladados a una fosa común, y luego incinerados colectivamente en 1981, hecho que consta en los libros del Cementerio General.

Posteriormente el patio 28 fue remodelado, borrando así toda huella que pueda conducir hacia los autores de esta barbarie. No obstante, el juez Guzmán habría encontrado registros del ingreso de los cuerpos al cementerio, así como detalles de las condiciones en que llegaron y los respectivos informes de autopsia.