Las decisiones del juez Cerda generan debate en Chile

Las sorpresivas decisiones del juez chileno Carlos Cerda –que el jueves dictó el arresto de toda la familia del ex dictador Augusto Pinochet y un día después les concedió de oficio la libertad provisional– causaron extrañeza y generaron un amplio debate jurídico y político.

El jueves Cerda procesó por malversación de caudales públicos y ordenó sorpresivamente la reclusión de 23 familiares y cercanos colaboradores del ex dictador, entre ellos su viuda, de 84 años, y sus cinco hijos (uno de estos 23 procesados no fue arrestado por motivos de salud).

Pero el viernes les concedió la libertad provisional a todos, volviendo a sorprender.

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este sábado el pedido de libertad condicional.

El juez aseguró que ambas decisiones no eran un capricho, y que actuó amparado por la ley. En círculos judiciales y en el mundo político las resoluciones causaron extrañeza.

«Dicté la resolución de detención de los procesados porque la penalidad del delito me exige tomar esa medida», señaló el magistrado.

«Pero en esta jornada (viernes) consideré que no existen elementos para mantener la prisión de esas personas, por lo tanto de oficio adopté la decisión de darles la libertad», agregó.

«Todas las personas tienen derecho a enfrentar un procesamiento en libertad», insistió el juez.

Entre abogados se generó debate especialmente sobre el fondo del auto de procesamiento, en especial si en este caso se configura el delito de malversación de caudales públicos a personas particulares que no se despeñaron en el Estado, como la familia del ex dictador, que nunca ocupó cargos públicos.

Para el abogado Miguel Soto Piñeiro podría haber malversación, en el caso de personas que se beneficiaron de recursos públicos. Por su parte, el abogado y ex senador Miguel Otero estima que el delito es inexistente y plantea incluso que en este caso existe la prescripción.

«El juez no debió haber dictado autos encargatorios de reos, sino dictar el sobreseimiento respectivo», señaló Otero.

En su resolución, el juez Cerda estableció que la familia de Pinochet y sus colaboradores ayudaron y se beneficiaron directamente de recursos fiscales desviados entre 1981 y 2003. *