Bajo figura de genocidio, procesan a torturadores

Por Isidoro Gilbert

Se trata de los ex policías Juan Antonio Del Cerro, «Colores» y de Julio Simón, conocido como «el Turco Julián» quienes «decidían sobre la vida y la muerte, los tormentos y las demás vejaciones a las que eran sometidos los detenidos, sin necesidad de esperar órdenes concretas de sus superiores», es lo que asegura el juez federal fundamentando su decisión que, escribe Página/12, «profundiza la elaboración jurisprudencial que en los últimos años han realizado la Corte Suprema de Justicia y varias Cámaras Federales y por primera vez menciona el delito de genocidio en relación con la guerra sucia militar contra la sociedad argentina». El magistrado responsabilizó a los ex policías por «la sustracción, retención y ocultamiento de la menor Claudia Victoria Poblete». A la vez, por una declaración de una ex detenida, el juez sigue la pista de robos de bebés: el de la hija de la desaparecida Lucía Tartaglia. Son casos del tiempo del terror, que no prescriben ni están amparados por las llamadas «leyes de impunidad».

En su resolución, el juez citó sentencias en las que la Corte Suprema declaró «inexcusable» la aplicación del derecho de gente, la costumbre internacional y los principios generales del derecho internacional, que forman parte del derecho interno argentino.

También mencionó el plan criminal de la Junta Militar descrito en 1985 por la Corte Suprema al condenar a Videla, Massera y otros, y sostuvo que aun antes del golpe de 1976 la comunidad internacional ya consideraba los actos graves contra las personas cometidos en el marco de una persecución por motivos políticos «como crímenes de derecho internacional comprendidos bajo las categorías de crímenes contra la humanidad o bien de genocidio».

El fallo, tras referirse a los principios que aplicaron los tribunales de Nuremberg y Tokio sobre crímenes contra la humanidad, las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre extradición y castigo de criminales de guerra y el Acta Final de la Conferencia de Chapultepec sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, la resolución cita la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1948, la Argentina ratificó en 1956 e incorporó a su Constitución con jerarquía superior a la de la ley con la reforma de 1994.

Jurisprudencia enriquecida

El traslado de niños de un grupo nacional a otro grupo está tipificado en esa Convención contra el Genocidio.

Cavallo lo interpreta tal como lo hizo la Sala Penal de la Audiencia Nacional de Madrid al responder a las apelaciones de los procesamientos dispuestos por el juez Baltasar Garzón Real. Grupo nacional es cualquier grupo humano diferenciado dentro de una comunidad mayor al que se pretenda destruir.

La Audiencia Nacional puso como ejemplo el aniquilamiento de todos los extranjeros en una Nación. Son de nacionalidades distintas, pero forman un grupo nacional. «La represión no pretendió cambiar la actitud del grupo en relación con el nuevo sistema político, sino que quiso destruir al grupo», añadieron los magistrados españoles citados por Cavallo. El capítulo 5 de la sentencia concluye que la sustracción, retención y ocultamiento de una bebita de ocho meses, que fue entregada a un coronel del Ejército luego de asesinar a sus padres, constituye el delito de desaparición forzada de personas, tipificado por la respectiva Convención Interamericana y también con rango constitucional.

«De este modo, tribunales de diversas instancias y en diferentes lugares del país coinciden en el imprescindible ajuste legal de cuentas con un pasado tenebroso, a la luz de los principios superiores del derecho internacional».

«También en la Argentina, el genocidio tiene quien lo escriba», subraya Horacio Verbitsky, en el mencionado diario.

«Colores» está detenido desde el 6 de octubre y Simón fue arrestado once días más tarde, mientras caminaba por el microcentro porteño, seguro de su impunidad: tenía orden de captura.

Un poco antes, Simón intentó provocar una movilización frente al Parlamento pero, identificado, fue duramente golpeado: solamente el auxilio de la policía lo sustrajo de la ira de ex presos políticos.

«Es un acto de justicia; hay que seguir investigando porque ellos son cómplices de otras apropiaciones», declaró Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.