Tensión social en la provincia bonaerense

En el partido suburbano de La Matanza, más poblado que muchas provincias argentinas y bajo administración comunal del peronismo, más de cuatro mil desocupados, agrupados en la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), mantienen cortada y bloqueada hace dos jornadas la Ruta Nacional Nº 3 a pocos metros de la estación Isidro Casanova. Los manifestantes también interrumpieron el tráfico ferroviario.

En rigor, mirando al país en su conjunto, casi todos los días se cortan rutas par reclamar por la situación de hambre, miseria o el cierre de fuentes de trabajo. Una estadística del Ministerio de Interior, con datos de la Gendarmería, computa 307 de estas manifestaciones en los primeros 301 días de 2000.

La Gendarmería fue ordenada a intervenir en varias oportunidades en este tipo de conflictos. En mayo, en la provincia de Salta asumió gran envergadura por su violencia y masividad.

Un día antes de esta movilización en el Gran Buenos Aires, en Salta productores de porotos amenazaron con cortar la Ruta Nacional 34 y esa misma arteria está en las miradas de trabajadores del azúcar de Jujuy, por haberes atrasados.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, reconoció ayer la grave situación por la que atraviesan los desamparados de La Matanza, pero su mensaje trata de girar las responsabilidades al Ministerio de Solidaridad Social que encabeza la frentista Graciela Fernández Meijide.

La protesta, organizada con la consigna «Paremos el genocidio», sumó representantes de más de cien asentamientos de La Matanza que reclaman la entrega de un millón de kilogramos de alimentos por mes, la puesta en marcha de 10.000 planes de ayuda laboral y mejoras en el servicio público de salud. El titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor De Gennaro, presente en la protesta, criticó a la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, porque «no solamente no aprueba el seguro de Empleo y Formación pedido por la CTA, sino que, además, amenaza con que se acaban los Planes Trabajar» (un subsidio).

Según el dirigente de la Corriente Clasista Combativa, Juan Carlos Alderete, en La Matanza hay más de 80.000 jefes de familia desocupados. «Esto significa que tenemos casi 320.000 personas que viven sin recibir un solo peso al mes», dijo.