Otro asesinato de los paramilitares colombianos

AMNISTÍA INTERNACIONAL denuncia que el 13 de julio fue asesinado Dairo Torres, dirigente de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, por parte de dos integrantes de los grupos paramilitares. Estos actúan, a la vez, en connivencia con los destacamentos del ejército y la policía ubicados en la zona. Este hecho revela una vez más que la presunta desmovilización de las bandas paramilitares, pregonada por el gobierno de Alvaro Uribe, no se ha concretado en absoluto, y que siguen actuando, a veces con nombres cambiados, pero siempre en conmixtión con el ejército.

 

El crimen fue en Apartadó, Antioquia

Se reproduce, en el ámbito local, lo que acontece a escala nacional, ya que los jefes paramilitares operaban conjuntamente con los mandos de las fuerzas armadas.

El comunicado de Amnistía Internacional señala que al mediodía del viernes 13 de julio viajaba en autobús entre la capital municipal de Apartadó y la población de San José de Apartadó el ciudadano Dairo Torres, dirigente de la Comunidad de Paz de esta localidad, situada en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia (del que Uribe fue gobernador). «Dos miembros armados de un grupo paramilitar respaldado por el ejército obligaron a detenerse al autobús cuando aún no habían transcurrido cinco minutos del viaje», dice luego. Esos hombres armados abordaron el vehículo, obligaron a Dairo Torres a apearse y ordenaron al conductor seguir su camino. «Horas después, personas que viajaban en el siguiente autobús que hacía la misma ruta encontraron el cadáver de Dairo Torres a un lado de la carretera. Lo habían matado a tiros», concluye esta parte de la nota.

Los datos complementarios son significativos. El homicidio se cometió a no más de dos minutos de automóvil del control de policía situado en El Mangolo, última barriada de las afueras de Apartadó, en la ruta hacia San José de Apartadó. El mismo día 13 de julio por la mañana, los dos mismos paramilitares habían sido vistos conversando con agentes de policía de ese puesto de control. Agrega el comunicado: «Durante los últimos 10 años los paramilitares han operado sin obstáculos, y siguen haciéndolo, en esa zona y a lo largo de la ruta hacia San José de Apartadó, pese a la fuerte presencia militar en el área, y a su supuesta desmovilización en el contexto de un proceso nacional promovido por el gobierno».

El día anterior, 12 de julio, esos dos paramilitares, vestidos de civil y portando armas, obligaron a detenerse a un autobús en el mismo lugar, lo abordaron y registraron presentándose ante los pasajeros como integrantes del grupo paramilitar Aguilas Negras y anunciaron que » esa hija de puta Comunidad de Paz va a comenzar a pagar bien caro». El incidente fue denunciado a las autoridades, que no adoptaron medida alguna. Los mismos dos paramilitares fueron vistos nuevamente en el área los días 15 y 16 de julio, después de consumado el crimen.

 

Una Comunidad de Paz

Entre el 11 y el 15 de julio fueron vistos en las inmediaciones otros paramilitares pero repitiendo la misma consigna, o sea, que iban a «acabar con esa hija de puta Comunidad de Paz». Se consigna asimismo que el 9 de julio se registró en la zona un ataque de las FARC contra unidades de policía locales con un saldo de un policía muerto y dos heridos. No se conocen las bajas de los atacantes.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó fue creada en marzo de 1997 por la población civil del área con la finalidad de reclamar tanto a las fuerzas armadas como a las guerrillas que respetaran su derecho como civiles a no ser arrastrados al conflicto que padece Colombia, solicitando que los combatientes se mantuvieran fuera de las zonas que habitan y cultivan. Por esa razón, dice el comunicado, «las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares la han acusado de subversión y acusado a sus dirigentes, entre ellos Dairo Torres, de guerrilleros». Por su parte las FARC señalaron que colabora con sus enemigos. Desde que se creó la Comunidad de Paz, 160 de sus miembros fueron asesinados o han sido víctimas de desaparición forzada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha solicitado al gobierno de Colombia que tome medidas para garantizar la seguridad de los miembros de la Comunidad de Paz, «pero las autoridades no parecen haber hecho gran cosa para llevar estas peticiones a efecto», expresa el comunicado de AI.

 

La farsa de la desmovilización

El mismo culmina con el siguiente párrafo: «Se supone que en Colombia, los grupos paramilitares respaldados por el ejército se han desmovilizado en un proceso promovido por el gobierno. A pesar de ello, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo informes sobre violaciones de Derechos Humanos cometidas por grupos paramilitares que actúan con la cooperación de las fuerzas de seguridad. Entre estos actos figuran reiteradas amenazas contra San José de Apartadó. Parece que muchos grupos paramilitares no se han desmovilizado en absoluto, sino que siguen actuando, a menudo bajo nuevos nombres en un intento de ocultar el hecho de que en realidad no se han desmovilizado. Declaraciones públicas realizadas recientemente por organizaciones paramilitares han dejado claro que sus estructuras de mando permanecen intactas».

Se alude sin duda a las recientes declaraciones formuladas ante la Fiscalía por Salvatore Mancuso, capo máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que documentó las actividades conjuntas desarrolladas desde hace varios lustros por el ejército y las organizaciones paramilitares, con sus mandos respectivos, maniobras en que estuvieron involucrados también el vicepresidente y el ministro de Defensa, así como senadores y gobernadores hoy encarcelados por sus actividades delictivas. *