La polarización colombiana

EL JUEVES se realizaron manifestaciones por la libertad de los secuestrados a lo largo de Colombia. Estas demostraciones, según un cable, «no consiguieron reducir la brecha entre quienes piden un acuerdo humanitario con la guerrilla de las FARC y el gobierno», el cual se ha opuesto a este intercambio y privilegiado el rescate militar. La disparidad de criterios en la sociedad se reflejaba también en las pancartas: unas pedían «libertad y firmeza» mientras otras abogaban por «canje, para volvernos a ver». Un tercer grupo reclamaba no olvidar que también los paramilitares mantienen a 279 secuestrados, pese a su anunciada desmovilización (que fue una farsa). Esto último tiene importancia considerable.

 

Canje humanitario sí,  rescate a sangre y fuego no

El tema está en debate en el comité permanente de la OEA, así como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de la muerte de once ex diputados del departamento del Valle del Cauca cautivos de la guerrilla (ver mis notas del 30 de junio: «Operativo sangriento de Uribe, militares, paramilitares y mercenarios», y del 1º de julio: «Colombia: reclaman el intercambio humanitario de los prisioneros»). Dado que las circunstancias de las muertes no han sido plenamente establecidas, estos organismos se orientan a solicitar el cese de los secuestros, la adopción de medidas que favorezcan la liberación de los prisioneros y a sugerir el envío de una misión a la zona.

Días pasados se realizaron otras manifestaciones que confluyeron sobre la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle, donde están radicadas las familias de las víctimas. Esas marchas, integradas principalmente por familiares de los secuestrados, llevaban las siguientes consignas: «SÍ AL ACUERDO HUMANITARIO. NO AL RESCATE A SANGRE Y FUEGO». Las mismas leyendas se reproducían al frente de la larga marcha hasta Cali que encabezó Gustavo Moncayo, padre de un militar secuestrado hace una década. Salían al encuentro de la orden dictada por el presidente Uribe dos veces, en el sentido de montar un operativo militar para liberar a los secuestrados. Esto provocó, como se sabe, la inmediata reacción de la cancillería francesa, que está jugada junto con las de Suiza y España a la causa de la liberación de la franco-colombiana y ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, y que declaró con énfasis que el uso de la fuerza para liberar a los rehenes «debe ser absolutamente proscrito». Un conjunto de organizaciones sociales y personalidades colombianas se mostraron dispuestas a conjuntar esfuerzos para abrir paso a una solución negociada y pacífica.

 

Una afirmación y una  pregunta de Yolanda Pulencio

Entre ellas el Dr. Álvaro Leyva Durán, ex ministro, ex negociador de la paz con las FARC bajo el gobierno de Andrés Pastrana, para lo cual se desmilitarizó la zona del Caguán, importante antecedente cuando se está planteando por parte de la guerrilla el despeje de los municipios de Pradera y Florida, a lo cual se opone cerradamente Uribe; el defensor del Pueblo Wolmar Pérez, que se allegó al domicilio de la Dra. Fabiola Perdomo, viuda del ex diputado Juan Carlos Narváez y destinataria de una misiva de las FARC junto con el Dr. Leyva; la Cruz Roja, que ofreció su colaboración; el gobernador del departamento del Valle, Angelino Garzón; y numerosas organizaciones sindicales y sociales, que unieron a sus reclamos reivindicativos la exigencia del intercambio humanitario.

Es en estas circunstancias que vimos nuevamente, en medio de las manifestaciones del jueves, a Yolanda Pulecio, la madre de Ingrid Betancourt, que se ha caracterizado por anteriores expresiones de dura crítica a Uribe, a quien calificó de «terco e inhumano» por negarse al intercambio humanitario, concepto reiterado y difundido al mundo en ocasión de la declaración de la cancillería gala. Ahora volvió a expresar su rechazo a toda acción militar, ya que pondría en riesgo la vida de los secuestrados. Una madre dijo que éstos debían ser entregados sin más dilación. «¿A quién quiere que se los entreguen? ¿A los paramilitares?», inquirió la señora Pulecio.

Estaba poniendo el dedo en la llaga de un aspecto fundamental de la situación colombiana, que ha estallado con fuerza explosiva desgarrando todos los velos y los intentos de minimizarlos. Nos referimos a la conmixtión íntima de los paramilitares con los ministros, legisladores, gobernadores, aparatos de seguridad, el sostén político partidista del uribismo y con el propio ejército colombiano, con el cual participaba en operativos conjuntos, como se ha demostrado y documentado hasta la saciedad. Entre las diferentes versiones sobre la muerte de los once diputados, se menciona la existencia de bandas paramilitares en la región, conjuntamente con grupos de mercenarios, contratados por empresas yankis y que matan por la paga, así sea en Colombia como en Irak.

 

En el Congreso de EEUU

El tema ha repercutido en el Congreso de EEUU. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelossi, ha declarado sin ambages que no puede hablarse de un TLC con Colombia mientras no se aclare la actuación de los paramilitares (que siguen desarrollando sus actividades desde la cárcel de Itagüi, incluso armando los esquemas para las próximas elecciones regionales). Este TLC está muerto y enterrado, por otra parte, a pesar de las once visitas de Uribe a Washington y su intenso lobby, porque a Bush se le venció el plazo por el «fast track», hoy TPA.

Volviendo a Colombia, no hay otro camino que empeñarse en una solución de buena voluntad, acordada por consenso, que excluya la vía del rescate militar. *