Hispanos divididos por la reforma migratoria de Estados Unidos

Gabriela Lemus, directora ejecutiva del Consejo Laboral para el Progreso Latinoamericano (LCLAA), en una conferencia de prensa telefónica con otras cuatro organizaciones, entre ellas la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), la organización latina más antigua, afirmó: «Tal como está actualmente, ese proyecto de ley es inaceptable».

«Nuestra opinión es que esta ley sería un paso atrás para la comunidad inmigrante de hoy y del futuro», añadió Angela Sanbrano, presidenta de la Alianza Nacional de Latinoamericanos y Caribeños (Nalacc), en momentos en que el Senado debe reanudar el debate sobre la reforma migratoria.

El proyecto de ley, fruto de un frágil compromiso entre parte de los republicanos y de los demócratas, podría abrir, bajo estrictas condiciones, la puerta de la regularización para millones de indocumentados, mayoritariamente hispanos, que viven en Estados Unidos. Organizaciones como Lulac se oponen a la reforma por dos principales motivos: no permite la reunificación familiar y prevé la creación de un sistema de contratos temporales que «no puede funcionar», al no incluir una vía hacia la residencia para sus beneficiarios. «Además, el proceso de regularización, que es probablemente lo mejor de la ley, es punitivo», explicó el director ejecutivo de Lulac, Brent Wilkes, en alusión a las multas de 5.000 dólares que deberían pagar los indocumentados para iniciar el proceso de legalización.

Paradójicamente, estas organizaciones hispanas se sumaron en la oposición al proyecto de ley al sector anti inmigrante más radical de Estados Unidos, aunque por razones totalmente diferentes: mientras los latinos la juzgan insuficiente, muchos republicanos denuncian una «amnistía» para los indocumentados.

Para Gabriela Lemus, la comunidad hispana de Estados Unidos, que agrupa a cerca de 45 millones de personas, desconoce todavía el contenido exacto de una reforma, apoyada por el presidente George W. Bush, aunque criticada por sectores de ambos partidos.»Parte del problema que enfrentamos en la comunidad es que no tenemos un conocimiento completo de lo que figura dentro de la ley y las enmiendas dañinas que incluye», explicó la directora ejecutiva de LCLAA, que representa a 1,7 millones de hispanos sindicalizados. «No puedo decirle a los jornaleros que apoyen esta propuesta de ley, cuando sus familias no podrán ser reunificadas», explicó Pablo Alvarado, coordinador nacional de la Red Nacional de Coordinación de Jornaleros (NDLON).

«Tampoco creemos que tengamos que apoyar esta propuesta de ley nomás porque tenemos miedo, porque nos quieren asustar, nos quieren coaccionar con las redadas (…). Nosotros merecemos más que eso», añadió. *