Se acortan plazos

La defensa, que hoy decidía qué abogado alegará a favor de que se le practiquen al desaforado senador vitalicio exámenes generales y no específicos para acreditar demencia, único estado que el Código Penal contempla como eximente de la responsabilidad criminal, aspira a que la Corte de Santiago acepte su tesis según la cual se violarían las normas del «debido proceso» si se le juzga en su actual «precario estado de salud general».

Lo que parece una incomprensible sutileza jurídica se ha convertido en la encrucijada que definirá la suerte del anciano dictador. Hay tres caminos posibles: uno, que la Corte confirme el dictamen del juez Guzmán y se le hagan los exámenes mentales y aquellos que se consideren imprescindibles para conocer su funcionamiento cerebral. Los abogados acusadores consideran que esta es la única vía, y que ella demostrará que Pinochet está en condiciones de ser juzgado y de defenderse.

Dos: que los tribunales y los peritajes demuestren que la salud y la edad del acusado aconsejan no someterlo a proceso.

Esta alternativa no le desagradaría al gobierno. Y tres: que la Corte disponga exámenes físicos que acrediten que su mal estado general lo libera de ser enjuiciado, que es la fórmula que plantea la defensa. El pasado viernes 20 de octubre resultó sorteada la Segunda Sala de la Corte para resolver el intríngulis, pero como dos de sus tres miembros habían votado a favor del desafuero de Pinochet, su defensa pidió suspender la causa e ir a un nuevo sorteo, el que se realizará el 27. Ese día los abogados acusadores podían pedir de nuevo suspensión si esta vez la composición del tribunal no lo consideraba favorable.