Reclamo a De la Rúa por presos del MTP

En las dos cámaras del Parlamento ha fracasado la aprobación de iniciativas tendientes a cumplir con el pedido de la CIDH, a la que Argentina está obligada en cumplimiento de tratados internacionales. Pese a esfuerzos del Frepaso y del senador peronista Alberto Rodríguez Saá, justicialistas y un sector del radicalismo se han opuesto a que se apruebe el derecho a la segunda instancia por objetar que ese paso permita la libertad de los detenidos en aplicación de normas procesales.

Con dos presos internados de urgencia, De la Rúa firmó antes de su partida el proyecto de ley destinado a abrir una segunda instancia judicial para los condenados por el copamiento y ordenó a su hermano Jorge, ministro de Justicia, a monitorear la marcha del pedido. Este declaró ayer que los casos más graves están atendidos en el Hospital Fernández. Pero según informó Adrián Witenberg, vocero del Movimiento Todos por la Patria, los presos Claudio Rodríguez y Miguel Aguirre «están descompensados, su estado de salud es crítico». Y objetó «la enorme cantidad de policías armados, hasta con fusiles, que están cercando el hospital, supuestamente cuidando a los dos internos».

Parece claro que el gobierno aspira a destrabar la discusión del tema en el Parlamento, donde lleva meses de estancamiento, y espera ahorrarse los costos que podría acarrear la continuidad del ayuno. Sin embargo, nada garantiza que tenga una mayoría de legisladores a su favor.

El gobierno sostiene que otorgar una nueva instancia a los condenados no implica ni indulto, ni conmutación, ni libertad, ni perdón, ni cambio alguno en la situación de los condenados hasta que se resuelva el recurso: sólo aspira a que el Parlamento dé rápido tratamiento al mismo.

«El 12 de octubre, la CIDH no sólo recordó al gobierno que debe cumplir con sus recomendaciones, sino que le señaló que profundice las medidas para preservar la vida de los detenidos, que siguen en huelga de hambre. En aquella oportunidad, por primera vez el presidente De la Rúa reclamó a la Cámara de Diputados y a la de Senadores que «intensifiquen el tratamiento del proyecto de ley».

Antes de conocerse la intervención directa del presidente en el problema, en Madrid varias asociaciones sindicales y defensoras de derechos humanos redactaron una carta abierta a De la Rúa a favor que se conceda a los presos de la La Tablada el derecho a la apelación. Es posible que los reciba en audiencia especial. El presidente se niega a utilizar su facultad de indulto. No quiere copiar a Carlos Menem, que usó ese instrumento constitucional para sacar de la cárcel a los jefes de la dictadura militar. No quiere pagar costo político. Además, las encuestas indican que una inmensa mayoría demanda que los presos cumplan su condena.

El tiempo apremia.