Colombia: el escándalo de la "parapolítica" al rojo vivo

Según un diario oficialista, «se cree conservadoramente que no serán menos de 10 mil los muertos sepultados en dichos anónimos sepulcros por parte de los paramilitares.

 

Una gigantesca maquinaria de la muerte

El Tiempo es el mayor diario colombiano a escala nacional. Pertenece desde su fundación hace casi un siglo a la familia Santos, de la cual son miembros los dos directores y el presidente de la casa editorial. De esa familia salen también el vicepresidente de la República, Francisco Santos, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que están metidos hasta el cuello en este entramado siniestro.

En opiniones publicadas en dicho diario se hace referencia a «la participación deliberada y consciente de distinguidos empresarios, políticos y militares en las empresas altamente lucrativas del crimen organizado; en otras palabras, en la gigantesca maquinaria de muerte conocida como paramilitarismo».

Todo esto viene siendo denunciado de largo tiempo atrás por el Polo Democrático. Fue una de las bases de su campaña electoral, en la cual logró congregar en forma auspiciosa al conjunto de las fuerzas de izquierda. Esto lo planteó en forma reiterada su ex candidato presidencial (y candidato a la alcaldía de Bogotá), Carlos Gaviria. También fue base de diversas polémicas del senador Gustavo Petro con los principales personeros del gobierno.

Y ahora acaba de ser confirmado por Salvatore Mancuso, jefe de la mafia paramilitar desde la desaparición de Carlos Castaño. El presidente Álvaro Uribe dijo que el fundamento de su proclamada política de «justicia y paz» era la reinserción de los paramilitares a la vida civil. Ahora deberá avalar lo que dijo Mancuso ante la Fiscalía en el Palacio de Justicia, el martes 15 de mayo de las 9 a las 18 horas.

 

Las confesiones de Mancuso

En la tapa del mencionado diario gubernista del 16 de mayo se lee: «El ex jefe paramilitar dijo que el paramilitarismo fue ‘política de Estado’. Mancuso señaló a generales y a la cúpula del gobierno». Habló de cinco reuniones del hoy vicepresidente Francisco Santos con jefes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y de dos reuniones del hoy ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, no se refirió a militares muertos sino que lo hizo en relación a militares vivos «para salpicar en su declaración ante la Fiscalía a cuatro generales reconocidos del país», señalan las crónicas.

Dijo que el general Iván Ramírez, entonces comandante de la 1ra. División (Antioquia, Urabá y Córdoba) le ayudó a expandir el bloque norte de las AUC. Que el general Rito Alejo del Río se reunió dos veces con él, camuflado, para apoyarlo; y que al general Martín Orlando Carreño (que luego llegó a ser comandante en jefe del Ejército y ahora aspira a la gobernación de Santander) él le enviaba mapas y el oficial le mandaba soldados para efectuar patrullajes conjuntos. Esto último fue confirmado por el militar, aunque sostuvo que Mancuso visitaba la XVII Brigada como simple ciudadano.

En su declaración de la tarde, Mancuso relató que tras una llamada del jefe paramilitar conocido como «don Berna», el general Rosso José Serrano dio instrucciones para liberar al propio Mancuso y a «Jorge 40″ que habían sido detenidos en la Guajira.

Finalmente, tocó la cúpula del gobierno del presidente Uribe. Aseguró que el vicepresidente Francisco Santos sostuvo cuatro reuniones con jefes paramilitares ­entre ellos Carlos Castaño- y que en una de ellas manifestó su deseo de aplicar el mismo modelo en Bogotá. Del mismo modo, afirmó que el ministro Juan Manuel Santos se reunió con los «paras» en dos ocasiones, en las que estuvo sobre el tapete forzar la renuncia del presidente Ernesto Samper (que por otro lado fue señalado por sus vínculos con el narcotráfico).

 

Uribe habla del partido Cúcuta-Nacional

A todo esto, el presidente Uribe guardó profundo silencio. En la noche misma del martes, en una alocución por TV se refirió al tema de la educación (ya que las cinco universidades públicas nacionales están de paro hace más de tres semanas) e incluso encontró tiempo para referirse al partido entre Cúcuta y Nacional de Montevideo que estaba a punto de disputarse. Pero del escándalo que sacudía al país y conmovía las bases de su gobierno, no dijo nada.

El vicepresidente Francisco Santos, que estaba en Italia, tampoco se pronunció. El senador Petro, en un debate en el Congreso, reclamó la renuncia del titular de Defensa, Juan Manuel Santos.

 

Uribistas, liberales y conservadores en la misma bolsa

Si se hace la lista de los congresistas que han sido detenidos, y que se suman a los nueve que fueron encarcelados con anterioridad por las mismas causales, se advierte que pertenecen al uibismo, al Partido Liberal y al Partido Conservador. No se salva nadie. Y hay otros varios que están en la picota.

En efecto: sobre el escritorio del fiscal Mario Iguarán está lista la orden que llevará a prisión a uno de los líderes más reconocidos del departamento del Cesar: el gobernador Hernando Molina. Para la Fiscalía es un hecho que tuvo vínculos de estrecha amistad con el paramilitar «Jorge 40″ y que esas relaciones le sirvieron para la campaña de 2003, cuando fue candidato único a la gobernación. En el informe de la investigación respectiva se dice que «la elección de Hernando Molina para el cargo de gobernador en el 2003 se vio claramente interferida por la intromisión ilegal de las AUC». Apenas se cumplan ciertos trámites, Molina se convertirá en el nuevo detenido por el escándalo de la parapolítica, lo que golpea seriamente a su departamento, ya que dos congresistas del Cesar , los senadores Álvaro Araújo y Mauricio Pimiento, están presos por la misma causa y otros dos representantes se encuentra bajo averiguación de la Corte Suprema.

 

8 mil horas de espionaje telefónico

Doce generales de la Policía perdieron el cargo al comprobarse que se grabaron ilegalmente 8 mil horas de conversaciones telefónicas desde la Dirección de Inteligencia de dicho organismo, las que afectaron a miembros de la oposición, funcionarios del gobierno, fiscales, periodistas e incluso miembros del DAS, servicio de seguridad estatal.

Ya se sabe que este último colaboraba estrechamente con los paramilitares, suministrándole listas de gente para eliminar. Por esa razón fue encarcelado su ex jefe, Jorge Noguera.

En cuanto al espionaje por esa y otras vías, fue justificado por el presidente Uribe en relación a los miembros de la oposición colombiana que hacían campaña en Washington contra el TLC con Estados Unidos (que está cada vez más en entredicho por el escándalo que afecta al gobierno colombiano y a pesar del décimo viaje de Uribe a Washington y sus entrevistas con Bush). No se sabe qué dirá ahora, cuando el espionaje se extiende como una mancha de aceite por todo el país.

También se ignora quién ordenó esos procedimientos («chuzadas», en la jerga colombiana) que datan por lo menos del año 2004. No lo sabe el ministro de Defensa, tampoco el general Chávez, jefe del servicio, y menos el hasta ahora director de Policía, genera Jorge Daniel Castro. Todos alegan inocencia y desconocimiento. El último episodio conocido refiere a un vehículo de inteligencia merodeando por la Fiscalía. El único nombre de los ciudadanos espiados es el de Carlos Gaviria, ex senador del Polo Democrático Alternativo.

 

Una triple coincidencia

Tres semanas atrás Uribe declaró por TV que tenía «pruebas de inteligencia militar y policial» sobre actividad de miembros de la oposición en Estados Unidos contra el TLC. De hecho ­se comenta en Colombia- estaba validando esas formas de espionaje.

En la prensa se informa que hay dos agencias extranjeras involucradas en el espionaje telefónico (editorial de El Tiempo, «Tormenta en la policía», miércoles 16). Mancuso fue sometido a un detector de mentiras por
un miembro del FBI.

Desde España, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ofrece territorio colombiano para que EE.UU. instale la base militar de Manta, de donde el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa los expulsará en el año 2009.