Gobierno argentino destituyó a 2 funcionarios involucrados en caso de corrupción

Néstor Kirchner "tiene las manos limpias", aseguró Alberto Fernández

Cuando faltan sólo cinco meses para elegir presidente en el país, dirigentes políticos opositores coincidieron en que el rápido despido de los funcionarios demuestra que hay corrupción en el Gobierno.

Además, exigieron que se investigue si uno de los hombres fuertes del gobierno de Kirchner, el ministro de Planificación, Julio De Vido, está vinculado con este caso de supuestos sobornos pagados por la firma sueca Skanska en una licitación privada para ampliar un gasoducto.

De Vido fue el que impulsó el concurso para extender el alcance del Gasoducto del Norte, en la provincia de Córdoba (centro), y su nombre figura en los expedientes del Caso Skanska, al ser mencionado por uno de los detenidos, pese a que luego se retractó.

«Nosotros nunca nos hemos involucrado con ningún caso de corrupción», dijo ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y ratificó que Kirchner «tiene las manos limpias», en declaraciones radiales.

El ministro reiteró, sin embargo, que cualquier funcionario que sea involucrado por la Justicia en la investigación de supuestos sobornos será expulsado del Gobierno.

«Se irá el que sea. Si ha habido funcionarios involucrados, queremos que la justicia libremente investigue», expresó Fernández.

Los expulsados del Gobierno fueron el presidente del Ente Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro, y el gerente de Fideicomisos del estatal Banco Nación, Néstor Ulloa, los primeros alejados del Gobierno por sospechas de corrupción desde la asunción de Kirchner en 2003.

Ulloa tenía responsabilidad en el financiamiento y Madaro en el control de la adjudicación de la obra, que ganó en una licitación privada la empresa sueca Skanska, en una operación que la Justicia investiga para determinar si la firma pagó coimas (sobornos).

La salida de ambos fue precipitada por una citación judicial para que declaren en la causa Skanska.

Kirchner había dicho en abril que el Caso Skanska era «un hecho de corrupción entre privados, en el cual el Gobierno no tiene nada que ver».

Días después, funcionarios del Gobierno atribuyeron responsabilidad en las irregularidades al poderoso holding local Techint, que posee un porcentaje menor de acciones en Transportadora de Gas del Norte (TGN), licenciataria privada del gasoducto que encargó las obras de ampliación a Skanska.

La investigación en torno de la firma sueca fue iniciada por un juez del Fuero Económico a raíz de sospechas de fraude fiscal a través del uso de boletas falsas emitidas por empresas fantasmas, por un valor de 17 millones de pesos (5,4 millones de dólares).

Más tarde, ex directivos de Skanska reconocieron el pago de «comisiones indebidas» sin explicar el destino de esos fondos, lo que derivó en la apertura de una causa por parte del juez federal Guillermo Montenegro.

Madaro y Ulloa fueron citados por el magistrado tras aparecer como supuestos destinatarios de los sobornos en una grabación que reproduce un diálogo entre un ex ejecutivo de Skanska y un contador que realizó una auditoría en la firma sueca, ambos imputados en la causa. *

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