Usuarios indignados causaron destrozos en estación porteña

Un estallido de furia que acabó en la destrucción parcial de la más concurrida estación de trenes de Buenos Aires, expone las graves deficiencias del servicio privatizado de ferrocarriles, que recibe millonarios subsidios del Estado argentino.

«Esto era algo que se veía venir. Estamos hartos de atrasos constantes, cancelación de servicios, burlas y maltrato», se quejó a IPS María Petraccaro, de la organización de usuarios Recuperemos el Tren, que viene recolectando firmas en la estación terminal de Constitución ­escenario del estallido del martes­ para presentar un reclamo ante el gobierno.

La furia desatada en Constitución dejó un saldo de 25 heridos ­nueve pasajeros y 16 policías­ con contusiones y principio de asfixia, en tanto 16 personas quedaron detenidas. Una muchedumbre indignada destruyó la oficina de venta de pasajes y de informes de la estación, y arrojó piedras contra un grupo de policías que se refugió en una sala que terminó incendiada.

El Estado privatizó el transporte ferroviario en 1991 mediante la concesión de trayectos a diferentes empresas, pero sin ceder la propiedad de los trenes. Los 32.000 kilómetros de vías férreas existentes en todo el país fueron reducidos a 10.000, para dejar en funciones sólo los recorridos más rentables, y centenares de poblados quedaron aislados.

Aun así, el servicio es deficiente, pese al subsidio equivalente a unos 660.000 dólares diarios a las empresas concesionarias, que según éstas se destina casi exclusivamente a mantener bajos los precios y no a realizar inversiones ni al mantenimiento de la infraestructura.

La rebelión de usuarios ­que no fue la primera­ tuvo lugar en la estación Constitución, por donde circulan más de medio millón de personas al día. La chispa fue el corte del servicio por problemas técnicos en el horario de mayor circulación de pasajeros, los cuales no fueron informados de lo ocurrido.

Un tren estuvo detenido más de 20 minutos en las vías a 600 metros de la estación con unos 800 pasajeros a bordo, muchos de los cuales llegaron a pie hasta los andenes, un tipo de incidente habitual en el servicio, según las organizaciones de usuarios.

No hubo en cambio daños ni saqueos a los comercios de la estación, ni a los vehículos.
El Ministerio del Interior había admitido que el incidente fue una «rebelión de usuarios» por deficiencias del servicio, pero señaló que hubo luego «activistas preparados para la violencia, con piedras y bombas molotov».