Gobierno de Kirchner, a la defensiva por denuncias

«Hay elementos que permiten presumir fuertemente la existencia de cohecho en beneficio de funcionarios públicos, así que espero que esta resolución judicial sirva para avanzar en las causas», comentó a IPS el diputado opositor Adrián Pérez, cuya denuncia de fines del año pasado dio origen a una de las dos pesquisas.

Tras un largo período de indefinición, la Cámara en lo Penal Económico resolvió mantener separadas las dos causas judiciales referidas al llamado «caso Skanska», que involucra en primer lugar a esa empresa sueca. Un proceso comenzó en 2005 y es por presunta evasión fiscal y el otro se originó con la denuncia de Pérez ante la justicia federal de probable cohecho.

La primera causa avanzó más rápidamente y ya se detuvo y procesó a personas y se realizaron allanamientos. La segunda, que debe descubrir si empresas privadas pagaron comisiones ilegales a funcionarios públicos para ser beneficiadas con la realización de obras del Estado, marchaba a paso lento pero cobraría impulso a partir del fallo del tribunal, según Pérez.

El escándalo, que el gobierno centroizquierdista intenta presentar exclusivamente como un problema entre privados, apunta a Skanska, contratada por la también privada Transportadora de Gas del Norte (TGN) para construir la planta compresora Deán Funes, en la central provincia de Córdoba, que ampliaría la capacidad del Gasoducto del Norte.

Según las pesquisas, TGN sostuvo ante la Secretaría de Energía, ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y ante funcionarios del estatal Banco Nación que los precios de Skanska y de sus competidoras estaban 150 por ciento por encima de su presupuesto de referencia, que las oferentes no conocían.

Por sugerencia de Enargas, hubo tres llamados para mejorar los precios y como los valores bajaban poco -nueve por ciento fue lo máximo que ajustó Skanska en la segunda ronda– TGN pretendió declarar desierta la licitación y sugirió incluso un posible acuerdo de precios (cartelización).

Frente a la urgente necesidad de ampliar la provisión de gas a la población argentina, las autoridades de Enargas consultaron a TGN si estaba en condiciones de realizar las obras por su cuenta al precio de referencia. Tras obtener una respuesta negativa, entonces exhortaron a la empresa a contratar de inmediato a alguna de las firmas oferentes.

En este aspecto, las posiciones difieren. El presidente de Enargas, Fulvio Madaro, asegura que fue TGN que eligió a quiénes adjudicar. Pero una carta de esta empresa publicada el sábado 28 de abril en el diario local La Nación señala que «Enargas dispuso adjudicar las obras» a las tres principales firmas participantes de la licitación, entre ellas Skanska.

Según Madaro, TGN tenía como presupuesto testigo una obra similar construida en 2000, antes del colapso económico de Argentina de fines de 2001 que llevó a la devaluación de la moneda nacional respecto del dólar. Por eso es que tenía un precio mucho menor que lo que se pedía en 2004. La firma sueca, que no habla con la prensa, no lo negó ni lo confirmó.

Mientras, el jefe de Gabinete ministerial, Alberto Fernández, sugirió que la empresa multinacional argentina Techint, que tiene 15 por ciento de acciones de TGN, demoraba en 2004 la obra de ampliación del gasoducto como forma de presión para aumentar las tarifas de gas, que se mantenían congeladas por decisión gubernamental. El diputado Pérez, del partido Afirmación para una República de Iguales, explicó a IPS por qué cree que el gobierno está involucrado en el caso. En primer lugar señala que toda la operación de contratación fue supervisada por Enargas, que tiene la función de controlar «técnica y financieramente» las obras públicas del sector.

Por otro lado, en la causa por defraudación tributaria ya se probó que Skanska utilizó a empresas fantasma para blanquear pagos indebidos. En principio se sospechó que se trataba de una práctica para evadir impuestos, pero luego se hallaron elementos sobre presuntos sobornos.

A raíz de esta investigación judicial, la casa matriz de Skanska despidió a todos los integrantes de la plana mayor de su filial en Argentina, reconoció una evasión impositiva de 13 millones de pesos (más de cuatro millones de dólares) y canceló su deuda con el organismo recaudador. *