Ofensiva de los Sin Tierra

San Pablo, ANSA

«Vamos a reaccionar. El gobierno no nos dejó otra salida. Vamos a dar nuestra respuesta», dijo José Rainha, considerado el líder histórico del MST, después de que la Iglesia Católica abandonó su papel de «mediador» en el conflicto.

Las amenazas de Rainha profundizaron la tensión entre el MST y el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, que sufrió un duro golpe al ser acusado por la Conferencia Nacional de los Obispos Brasileños (CNBB) de «criminalizar» al movimiento campesino.

El CNBB, a través de su presidente, Raymundo Damasceno, anunció el fin de su mediación entre las partes y acusó al gobierno de crear «un clima de ‘criminalización’ prejuzgada del MST» con sus acusaciones a los líderes de los Sin Tierra.

El gobierno de Cardoso acusa al MST del desvío de recursos destinados a la reforma agraria y de cobros compulsivos de un porcentaje a los campesinos por los financiamientos agrícolas federales para su propio provecho.

«No son esos ataques los que van a destruir nuestras bases.

El gobierno no tiene moral para intentar desmoralizar el MST. Su acción terrorista es peor de la que existía durante la dictadura militar (1964-85)», dijo Rainha al diario O Estado.

Si bien no especificó que tipo de medidas de acción incluirá esta nueva ofensiva del MST, los «sin tierra» realizaron varias «tomas» de edificios públicos, manifestaciones e invasiones de haciendas este año que dejaron tres muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos.

«Puede ser (que se repitan). Ya tenemos fecha marcada y las acciones programadas, pero es mejor no divulgarlas por ahora. Es probable que comiencen en una fecha tan próxima que el gobierno ni siquiera se imagina», afirmó a ANSA Jaime Amorín, uno de los miembros del directorio nacional del MST.

Según Amorín, el gobierno «incumplió sus promesas de créditos» y su compromiso de asentar 110.000 campesinos este año. «Ya estamos en octubre y sólo asentaron 18.000″, indicó Amorín en diálogo telefónico desde Recife, nordeste del país.

El MST ganó un inesperado aliado en la Iglesia Católica en su nueva confrontación con el ejecutivo. En una nota divulgada el miércoles por la noche, la CBNN advirtió que las denuncias del gobierno pueden crear «un clima propicio para la violencia y la represión».

El gobierno, mediante su ministro de Desarrollo Agrario, Raúl Jungmann, respondió que el ejecutivo «comulga las mismas preocupaciones» que la Iglesia sobre un eventual estallido de violencia, pero aclaró que es su deber investigar los supuestos ilícitos.

«Es deber intransferible de cualquier gobierno investigar todo y cualquier desvío de recursos públicos, de acuerdo con la ley», dijo Jungmann.

El ministro respondió también a las amenazas del MST, al advertir que las autoridades «no tolerarán ninguna actitud que venga a amenazar el orden público». «El gobierno va a hacer lo que determina la ley», indicó.

Pero Rainha acusó al ejecutivo de implementar «una política de persecusión» contra el MST.

«Intentan desmoralizar al movimiento y esconder los escándalos del propio gobierno», dijo Rainha, que concentra su actividad en el llamado Portal de Paranapanema, en el extremo sudoeste del estado de San Pablo, considerada una de las zonas más conflictivas del país.