Bolivia: polémica por reconocimiento a la justicia indígena y comunitaria

Los latigazos públicos podrían ser reconocidos como un castigo que haga parte de una condena por la justicia boliviana, aunque no deberán causar daño al infractor, informó un funcionario gubernamental. Ese castigo, junto a la llamada de atención y los trabajos comunitarios forzosos, formarán parte de una ley que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales, con el fin de recuperar y otorgarle legalidad a antiguas formas de impartir justicia entre los indígenas, comunicó Petronilo Flores, el director de Justicia Comunitaria.
«Los chicotazos (latigazos) sólo deben ser simbólicos. No se puede permitir dejar marcas en el sancionado, porque ello significaría violar los derechos humanos», explicó Flores durante una exposición sobre los alcances del proyecto de ley de Justicia Comunitaria.

Tras asumir el gobierno en enero de 2006, Morales repuso el Ministerio de Justicia, al que encomendó impulsar la iniciativa. El proyecto de ley de Justicia Comunitaria está en el Congreso aunque todavía su tratamiento no tiene fecha.

 

Polémica

La propuesta encontró reparos entre los magistrados que reconocen las prácticas ancestrales pero cuestionan la idea de otorgarle un rango similar a la Justicia ordinaria y reclaman un debate mayor sobre los alcances y funciones de las mismas.

Según el proyecto, el sistema de castigos se ejecutaría en pueblos indígenas y en comunidades campesinas. En muchos de ellos se aplica desde siempre, aunque sin el consentimiento legal del Estado.
El propósito de la futura ley es que «la justicia comunitaria y la ordinaria se complementen. Por ejemplo, en el caso de una violación, los afectados pueden pedir al Ministerio Público el examen forense que compruebe el delito o viceversa, y la comunidad colaborar con las investigaciones», explicó Flores.

Según el funcionario, la ventaja de los tribunales indígenas es que los asuntos se resuelven rápidamente, sin burocracia, y no implican costos para las partes. Los jueces nativos podrá emitir condenas de cárcel, pero en ningún caso una pena de muerte, que tampoco es la costumbre entre los «pueblos originarios».

El debate sobre la pluralidad judicial en los países con una importante población indígena, es una realidad actual y no solamente en Bolivia. Los partidarios de la pluralidad judicial afirman que se trata de un paso clave para lograr un Estado pluricultural y multiétnico y no solamente gobernado para y por los blancos.

Las comunidades indígenas han mantenido desde hace centurias y a pesar de la constante represión a sus costumbres y usos, tradiciones de justicia que fundamentalmente parten de la base de reincorporar a quien comete una falta a la sociedad y apelar a la condena social de la comunidad como el elemento más fuerte.

Sus detractores, los acusan de prácticas bárbaras y destacan como en varios de los artículos difundidos sobre la iniciativa de Evo Morales, solamente el componente de castigos e incluso lo relacionan con linchamientos, cuando todas las autoridades comunitarias indígenas se han encargado de destacar que los linchamientos no integran el cuerpo de la justicia comunitaria.

Los líderes indígenas y los partidarios del pluralismo judicial, señalan que esta se practica habitualmente en las comunidades y agregan, que con la primacía absoluta de la concepción judicial occidental lo que se logra es la marginación de los indígenas. Son comunes los juicios y condenas contra indígenas analfabetos que no se pueden defender o que simplemente no hablan ni entienden el idioma en que los juzga. Son comunes también los asesinatos, mutilaciones y castigos corporales, de los terratenientes, los ricos y las fuerzas de seguridad estatales contra los indígenas y campesinos pobres.

«Lo que se quiere es evitar y terminar con la violencia que se ejerce actualmente contra los indígenas y contra los pobres, no fomentar una nueva forma de violencia», dijo el ministro de Justicia de Bolivia. *