Autoridades de EEUU perseguirán a represores

Si bien cientos de represores nunca serán juzgados en este país por violar derechos humanos en el extranjero porque, entre otras razones, hasta 1994 no había ninguna ley que lo permitiera, las autoridades migratorias han declarado como prioridad su persecución.

En efecto, leyes aprobadas tras los ataques del 11 de setiembre de 2001 les dan poderes para investigar, rastrear y expulsar o negarles la entrada a los represores, quienes antes de 2004 estaban impedidos de ingresar sólo como refugiados o asilados.

Con la creación de una unidad específica para tratar estos casos en 2003, la cifra de pesquisas aumentó de 200 a más de 800 en 2007, para represores provenientes de 85 países, según el departamento de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

«ICE no permitirá que Estados Unidos sea un refugio seguro para quienes lleguen a nuestro país en un esfuerzo por evadir ser procesados y castigados», dijo esta semana la jefa de la agencia, Julie Myers. «El sistema migratorio estadounidense ha sido realmente muy poroso frente a este tipo de criminales, que han logrado escapar eficazmente a la Justicia en sus países de origen y han logrado vivir una vida perfectamente normal, sin ningún tipo de restricciones» en el país, dijo a la AFP José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Los recientes arrestos «ojalá envíen una señal muy clara que permita cambiar la percepción que sin lugar a dudas existe entre estos criminales de que en Estados Unidos pueden encontrar refugio», añadió.

Grupos de derechos humanos han presionado para que los represores, en vez de ser procesados por violaciones migratorias sean juzgados en Estados Unidos al amparo de una ley aprobada en 1994 que permite castigarlos siempre y cuando estén presentes en el país.

Pero tampoco les desagrada la iniciativa de las autoridades migratorias.

«No estamos en desacuerdo con la estrategia de deportar gente si creemos que van a regresar a algún lugar» a responder a la Justicia, dijo a la AFP Pamela Merchant, directora del Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA) en San Francisco (oeste), grupo que se ha encargado de hacer pagar a los represores por sus crímenes de la única manera en que parecía posible: su bolsillo.

«Ha habido bastante presión de la comunidad de derechos humanos durante todos estos años y por fin se está asentando» en el gobierno la idea de que algo hay que hacer con los represores, dijo Merchant.

«Hay bastantes abusadores de los derechos humanos en este país y tener a pequeñas ONGs presentando demandas civiles, digo, en algún momento el gobierno debe decir ‘esto no parece bien, no estamos haciendo lo que debemos'».

El gobierno aplicó por primera vez la ley de 1994 en el caso de Chuckie Taylor, acusado de torturas en Liberia en 2002 mientras se desempeñaba como jefe antiterrorista de su padre, Charles Taylor, juzgado por crímenes de guerra en La Haya.

«El ideal sería que estuvieran detenidos por los cargos que les imputan», dijo Vivanco, «pero allí entramos en un terreno más complejo porque dependiendo de las evidencias que existan y de la fecha en que se hayan cometido esos delitos» a veces no es fácil armar un caso. *