Nacionalización: principal objetivo del gobierno  boliviano

Los procesos de nacionalización, incluido el más reciente iniciado en el sector de las telecomunicaciones, centran la gestión del actual gobierno boliviano, informaron ayer fuentes de Palacio Quemado.

En un comunicado oficial sobre la reunión que sostendrá hoy el Ejecutivo con representantes de organizaciones sociales, se precisa que el análisis incluirá los pasos para consolidar el control estatal de todos los recursos naturales.

Sobre esa cita, a la que también asistirán parlamentarios y dirigentes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el vicepresidente de la República, Alvaro García, explicó que se debatirán programas medulares en beneficio de todos los bolivianos.

García mencionó el Plan Nacional de Desarrollo y la marcha de la Asamblea Constituyente, instalada en agosto del pasado año, como otros de sus ejes temáticos.

La cita tendrá lugar en la localidad de Huajchilla, a unos 20 kilómetros de La Paz, donde la semana pasada el presidente Evo Morales se reunió con los miembros del gabinete, precisó. También negó que el encuentro fuera a ser utilizado para definir una estrategia elec- toral, tras el anuncio de comicios anticipados en 2008.

«Estamos en temas de gestión y las reuniones se realizan para definir mejor el horizonte de cambio y la necesidad de apuntalar fuerzas para que este proceso sea irreversible», opinó.

Acerca del Plan Nacional de Desarrollo, explicó que el gobierno espera reforzar su presencia en la economía en general, hecho que desde 2006 es una realidad.

Actualmente, precisó, el Estado boliviano apenas controla por la vía del sector de hidrocarburos el 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y aspira llegar al 30 por ciento.

Interpelado sobre la recuperación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA (Entel), García aseguró que el Estado revertirá el 51 por ciento de las acciones, aunque debía llegar al 100 por ciento por tratarse de un sector estratégico. Entel, filial de la multinacional Telecom de Italia, rechazó la víspera las irregulari- dades administrativas detectadas en auditorías.

Sin embargo, el Ejecutivo estableció 30 días para que una comisión finalice el proyecto de nacionalización de esa firma. *