Los peruanos no dialogan
Lima, ANSA
La suspensión del diálogo, ocurrida el viernes, desató en las últimas horas el llamado opositor para que el restablecimiento de la democracia en Perú se realice en adelante con intensas movilizaciones en las calles y plazas del país.
El representante de la OEA, Eduardo Latorre, decidió suspender el diálogo en tanto las partes no garanticen que se respetarán los acuerdos de consenso, mientras la oposición hizo lo propio por considerar que el gobierno de Fujimori está frenando el proceso de democratización.
Fujimori, que debió suspender el viernes un viaje privado a los Estados Unidos, enfrentaba así la amenaza de un serio recrudecimiento de la crisis política cuando todo parecía indicar que había consenso en temas claves sobre el proceso de transición hacia un nuevo gobierno en julio de 2001.
La polarización política en Perú, según opinión de distintos analistas, está en su punto más alto en el Congreso de la República y los distintos sectores nacionales.
Fujimori, según un portavoz de la Presidencia de la República, tiene la voluntad de proseguir las conversaciones con la OEA y cumplir con el compromiso de convocar a elecciones generales en el más breve plazo posible.
El presidente instruyó a su ministro de Justicia y presidente de la Comisión Presidencial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas, Alberto Bustamante, para que busque los mecanismos que permitan el «reinicio del diálogo».
Bustamante, que forma parte de la mesa de diálogo auspiciada por la OEA, sostuvo en una carta dirigida a Eduardo Latorre, que no ha sido el sector oficial «el que ha actuado de mala fe».
«Han actuado de mala fe, con toda seguridad, quienes se han valido del pretexto absolutamente forzado para extender una artificiosa cortina de humo», dijo Bustamante al culpar a la oposición de la suspensión del diálogo.
Los líderes opositores, entre ellos Alejandro Toledo y Fernando Olivera, anunciaron movilizaciones organizadas en todo el país para rechazar lo que en opinión de ellos es una maniobra del gobierno para dilatar el proceso de transición hacia nuevas elecciones, que serían convocadas en abril de 2001.
Periódicos peruanos destacan en sus titulares de portada que «la única salida es la lucha en las calles y plazas», mientras que otros informan que la Iglesia Católica propugna reanudación del diálogo político.
Los diarios más radicales como Liberación sostienen que la única vía para derrotar al régimen de Fujimori es la movilización popular, «porque no hay suficientes soldados para reprimir a la ciudadanía en pie de lucha ni comandantes capaces de ordenar a sus tropas que disparen contra sus propios hermanos».
La crisis política peruana lleva ya varios meses desde el proceso electoral de abril y mayo, pero se agravó tras conocerse el video que mostró al ex asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, entregando miles de dólares de un supuesto soborno a un congresista de la República.
Este «video del escándalo» precipitó la aparente caída en desgracia de Montesinos, quien huyó a Panamá hace algunas semanas en busca de asilo político, pero muchos aún creen que el «poderoso» Montesinos continúa digitando la vida política peruana desde el exilio.
El escándalo llevó al presidente Fujimori a reducir en un año su tercer mandato de cinco y convocar a elecciones generales en el más breve plazo y entregar el poder a un nuevo mandatario el 28 de julio de 2001.
Un grupo de militares peruanos, involucrados en presunta violación de derechos humanos y corrupción, estarían presionando al gobierno del presidente Alberto Fujimori para que se promulgue una ley que impida futuros juzgamientos por acciones ilegales, dijeron a ANSA fuentes castrenses. El grupo, en el que figurarían algunos miembros del actual alto mando, habría recibido versiones de que personal involucrado en violaciones a los derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo, «abriría la boca» para revelar quién o quiénes ordenaron las matanzas de civiles en la Universidad La Cantuta y en una vivienda de la zona conocida como Barrios Altos.
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