Bolivia en calma tras acuerdo con campesinos

La Paz, AFP

La calma retornaba paulatinamente a Bolivia tras el acuerdo suscrito entre el gobierno y los cocaleros, que logró superar una fuerte crisis social que dejó un saldo de 10 muertos, 128 heridos y cerca de 250 millones de dólares en pérdidas económicas.

El ministro de Gobierno, Guillermo Fortún, informó que cerca de 8.000 soldados que esperaban una orden para intervenir si el diálogo fracasaba, comenzaron en la mañana de este sábado el desbloqueo de la principal ruta, tomada hace cuatro semanas por los labriegos del Chapare, distante a 600 km al este de La Paz, en rechazo a la política antidrogas.

El responsable de la seguridad interna, visiblemente satisfecho por el acuerdo alcanzado en Chimoré, donde también funciona un cuartel militar con asesoramiento estadounidense, dijo que la coca será erradicada totalmente en el Chapare, otrora emporio del narcotráfico, donde se estima que existen 1.600 hectáreas ilegales. Los labriegos retornaron a sus comunidades luego de festejar en el municipio de Villa Tunari el alcance del convenio, dijo a su vez el dirigente cocalero y diputado de izquierda, Evo Morales. Las partes acordaron la participación de los cocaleros en la fiscalización de cerca de 80 millones de dólares destinados al desarrollo alternativo, pero mantienen las discrepancias respecto de la política antidrogas. El Ejecutivo espera que los recursos provengan de una ayuda suplementaria que el Senado de los Estados Unidos pidió el jueves al presidente Bill Clinton, en un franco respaldo al presidente Hugo Banzer que espera concluir su mandato, en agosto de 2002, con una «Bolivia libre del narcotráfico». Pero, como también está registrado en el convenio, el tema de la coca continúa distanciando al gobierno y los sindicatos de cocaleros. Los cocaleros mantienen su posición de que cada familia se quede con «un cato» de coca (parcela de 40m2), para consumo doméstico, lo que continúa mereciendo el rechazo de La Paz porque implicaría materia prima para la fabricación de 80 toneladas de cocaína.

«Nos reservamos el derecho de continuar defendiendo la coca», aseveró Morales, quien en setiembre de 1997, al mes de que Banzer asumió el gobierno, ordenó a sus afiliados erradicar cerca de 7.000 hectáreas de la coca «para que Bolivia no sea descertificada por los Estados Unidos».

«Al que siembre una sola plantita de coca, lo meteremos en la cárcel», respondió Fortún.

Además del Chapare, el gobierno considera que existen cerca de 2.000 hectáreas de coca ilegal en Los Yungas de La Paz, donde la ley 1008, calificada como draconiana por sus detractores, autoriza sólo 12.000 hectáreas de esta hoja para el uso tradicional.