Bush, los fiscales y la Unesco

El apoyo de los estadounidenses a la política del presidente Bush ha quedado reducido a un escuálido 27%, mientras la mayoría aprueba la propuesta demócrata de un retiro gradual de tropas que finalice a mediados de 2008, todo ello de acuerdo con encuestas efectuadas por la revista Newsweek. Las mismas revelan que el 55% está «furioso» con los escándalos de todo tipo que han estallado en torno al gobierno, en particular por la atención deficiente que se brinda en el hospital militar Walter Reed a los soldados heridos en la guerra, los que además vuelven a ser enviados al frente sin estar debidamente curados.

 

Bush en picada

En este estado de opinión colectiva influye sin duda, en primer plano, la conducción de una guerra que aparece como desprovista de justificativos, injusta e inmoral por los cuatro costados, manchada por las torturas infamantes y una represión indiscriminada contra los civiles, basada en mentiras flagrantes y sin perspectivas de un término en plazos razonables. Las huestes de Bush han maniobrado en el Senado para bloquear la votación sobre el regreso de las tropas, pero no podrán evitar el debate presupuestal, ya que el presidente, a contrapelo del sentir ciudadano, ha resuelto enviar más efectivos militares y le reclama al Congreso fondos suplementarios para la guerra, sumados a las enormes sumas ya gastadas y a las incluidas en el presupuesto. Estos hechos estuvieron vivamente presentes en las manifestaciones que se sucedieron en Estados Unidos el pasado fin de semana, en el cuarto aniversario de la invasión.

Pero influyen asimismo en el ánimo de la población los escándalos de violación de los derechos civiles a varias puntas. Dice un cable: «Una purga de fiscales, la revelación de una operación secreta de la CIA para obtener ventajas políticas (se refiere a la revelación de la identidad de la agente Valerie Plame, que llevó a la condena por perjurio, falso testimonio y obstrucción a la justicia de Lewis «Scooer» Libby, ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney), noticias sobre la pésima atención médica a los combatientes en Irak y la violación de las leyes de privacidad por el FBI, se han sucedido para reducir la popularidad del presidente». Agrega el cable que «al mismo tiempo aumenta la presión de los legisladores para que renuncie el ministro de Justicia («general attorney») Alberto Gonzales por la polémica destitución de un conjunto de fiscales federales», que son ocho, pero se hace especial hincapié en cuatro de ellos.

Esto merece una explicación, que mostrará cómo maniobra Bush en forma indecorosa para salvar de la destitución a los suyos y defender los procederes arbitrarios de los responsables de impartir justicia.

 

Piden la cabeza de Alberto Gonzales

Los fiscales fueron destituidos de un solo golpe, sin anestesia, en forma inconsulta. La particularidad reside en que algunos de ellos, como Carol Lam, de San Diego, estaban investigando casos de corrupción que apuntan directamente al poderoso consejero de la Casa Blanca Karl Rove y a la asesora jurídica del presidente, Harriet Myers. Contra la andanada de críticas, Bush respaldó incondicionalmente a Gonzales. Se promovió desde el Congreso la comparecencia de Rove y Myers ante una comisión del mismo, para interrogarlos en audiencia. Quedó establecido que los despidos no se habían producido por mal desempeño profesional (como en la primera hora se adujo desde la Casa Blanca) sino por otras razones. Que no podían ser otras que políticas. Se recordó que antes los fiscales federales debían ser confirmados por el Senado, pero desde la Ley Patriota (otra de las bellezas de esta ley cercenadora de los derechos civiles) la facultad de nombrarlos y destituirlos quedó exclusivamente en manos del presidente. La Casa Blanca aceptó que los dos involucrados comparecieran en audiencia, pero ­atención­ sin declarar bajo juramento y sin que quedaran en archivo sus declaraciones. O sea, secreto absoluto. Procedimiento tanto más inaceptable desde que Libby fue condenado precisamente por mentirle a la Justicia. Bush reiteró su pleno respaldo a Gonzales y reiteró que en modo alguno permitiría que se hicieran públicas las declaraciones de los involucrados. La Casa Blanca mantiene su derecho a la confidencialidad, reafirmó el mandatario. Propuso enviar 3 mil páginas de documentos al Congreso, pero éste contestó que no era un procedimiento adecuado. Ante un nuevo planteo, esta vez emanado de la Cámara de Representantes, Bush insistió en que las sesiones debían ser secretas y los demócratas reclamaron que fueran públicas. Y en eso están.

 

El subdirector de la Unesco, expulsado

El subdirector general de la Unesco encargado de la educación, el estadounidense Peter Smith, perdió el cargo que desempeñaba desde 2005 en la organización (que por otra parte Estados Unidos abandonó durante años). Se vio obligado a presentar su renuncia ante el secretario general, Koichiro Matsura, que la aceptó con efecto inmediato, a partir del jueves pasado. Según la revista francesa Le Point, Peter Smith (definido como muy próximo a Bush, y que enfrenta cargos judiciales en Estados Unidos) concertó en forma directa, sin llamado a licitación, un contrato por varios cientos de miles de dólares con una consultora a la cual estaba directamente ligado. *