El trasfondo de una renuncia

La renuncia el lunes 19 de la canciller María Consuelo Araújo ­que el presidente Uribe juró que mantendría en el cargo contra viento y marea­ demuestra que su gobierno está penetrado hasta la médula por las bandas paramilitares, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y en los servicios de inteligencia. Y demuestra además que al lanzar su provocativa declaración contra dirigentes del Polo Democrático (tildándolos de «terroristas con traje de civil»), el presidente buscaba desviar la atención y encubrir a los verdaderos terroristas enquistados en el seno de su gobierno. El del senador Alvaro Araújo Castro, hermano de la canciller renunciante y hoy encarcelado por sus vínculos con los paramilitares, está lejos de ser el único caso.

 

Senadores de los paramilitares

A esta altura los senadores en prisión por orden de la Corte Suprema de Justicia suman ocho (tres desde fines del año pasado) y otro se encuentra prófugo y requerido por Interpol como un vulgar delincuente. Todos pertenecen al bando de Uribe, y fueron electos mediante el dinero, la coacción y los crímenes de los paramilitares. En la nota del domingo pasado («Los nexos de Uribe con los paramilitares») citamos un análisis según el cual «la Fiscalía investiga a estos funcionarios por las sospechas de nexos con los grupos de ultraderecha, responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos 20 años. Las investigaciones están fundamentadas en documentos hallados en el disco duro de un computador del jefe paramilitar Rodrigo Tovar (alias ‘Jorge 40′), uno de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que se encuentra detenido». A esto se agrega que Salvatore Mancuso (último capo máximo de las AUC después que hicieron desaparecer a Carlos Castaño) le confesó al fiscal Mario Iguarán una larga lista de homicidios, masacres, secuestros y operativos de narcotráfico perpetrados por las bandas a sus órdenes. Lo hizo en el marco de un alegado operativo de desmovilización de las AUC, en abril pasado, con la finalidad de lograr la reducción de las penas y evitar la extradición a EEUU. De allí se desprende que varios de los atentados atribuidos a las Farc fueron en realidad perpetrados por estos grupos paramilitares, y en otros casos directamente por el ejército, con el cual estaban en conmixtión, para después cobrar premios en el marco de la «lucha antiterrorista» que lleva la marca de Bush en el orillo.

Por otra parte, se descubrió que Jorge Noguera, jefe de los servicios de inteligencia (DAS), pasaba información privilegiada a las AUC para sus operativos criminales. Todos revolcados en el mismo lodo.

El mismo jueves 15 en que se dictaron las últimas órdenes de detención, uno de los magistrados de la Corte Suprema firmante de las mismas, Yesid Ramírez, fue amenazado de muerte. A esta luz se destaca la gravedad de las declaraciones de Uribe contra dirigentes del Polo Democrático. Se recuerda también la relación de Uribe con los paramilitares cuando era gobernador de Antioquia.

 

Varios más en la lista

En el caso de la canciller renunciante, además de su hermano está acusado su padre Alvaro Araújo Noguera de participar en un secuestro extorsivo de las AUC. Se señala que su primo Hernando Molina llegó a la gobernación del departamento de César, en el norte, gracias a sus vínculos con los paramilitares. La Corte le solicitó a la Fiscalía que se investiguen sus actividades.

El diputado Wilson Borja, que junto con el senador Gustavo Petro, ambos del Polo Democrático, promovió el debate sobre estos temas en el Congreso, señaló otros casos que afectan a un estrecho círculo en torno a Uribe. Uno se refiere a la ministra de Comunicaciones María del Rosario Guerra de la Espriella, cuya familia se relaciona a varias puntas con el paramilitarismo. Están involucrados su primo el senador Miguel de la Espriella y su otro primo el congresista Joaquín Busto de la Espriella; el suegro de su hermano Jesús María López, que perdió su cargo de congresista en la época de Ernesto Samper, y otro primo, Víctor Guerra de la Espriella, que fue gerente de una empresa cuyo principal era un conocido paramilitar y que también representa al gobierno de Uribe en la Corporación Regional del departamento de Sucre. La red, bien intrincada por cierto, está siendo investigada.

Por otro lado, Borja señaló que el asesor directo de la Presidencia, José Obdulio Gaviria, tenía estrechos vínculos con el desaparecido capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria (su primo), y que sus dos hermanos estuvieron detenidos en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

 

La escandalosa «parapolítica»

Así funciona el contubernio de paramilitares y narcotraficantes en el entorno de lo que algunos analistas caracterizan como el «gobierno paramilitar» y el escándalo de la «parapolítica». Ya citamos opiniones de ciudadanos según los cuales «los terroristas, secuestradores y otra clase de hampones entran y salen del Palacio de Gobierno a toda hora». Carlos Gaviria, líder del Polo Democrático, definió así la situación: «El gobierno de Uribe se está deslegitimando y a medida que se advierten nuevos nexos de políticos de su entorno con paramilitares se deslegitimará aún más».