Argentina: otro cura preso por delitos de lesa humanidad

Se trata del sacerdote Miguel Regueiro, que fue detenido el lunes por orden del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo. Está acusado de haber participado en el secuestro y asesinato de tres jóvenes y de la sustracción de un bebé. Entre 1975 y 1978, fue capellán militar del batallón de Combate de Ingenieros de esa ciudad bonaerense.

Se suma al caso del sacerdote Christian von Wernich, quien fue capellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Ha sido señalado en los testimonios como cómplice de los represores y, pese a conocer la identidad de algunos desaparecidos, negó siempre cualquier dato a las desesperadas familias. Esa es la constante de los detenidos por las mismas causas y esperan que se sustancie el juicio oral y público.

A la Iglesia no lo gusta nada que dos de sus hombres estén encartados en crímenes de lesa humanidad. No se solidariza con ellos, es cierto, pero ni antes ni ahora ha condenado a los religiosos represores. Incluso en tiempos del terror, la Iglesia alquiló a los militares una isla en el delta argentino donde, en 1978, fueron ocultados detenidos desaparecidos que estaban en manos de la Armada, para evitar que sean vistos por una comisión enviada por la OEA, a pedido de los familiares de las víctima, decenas de miles.

Al cura Regueiro le caen encima los casos de María Cristina Alvira y Horacio Arístides Martínez, jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral y militantes de la Juventud Peronista Universitaria que se instalaron en San Nicolás en 1975. En abril de 1977 la pareja y Rosa Raquel, la hermana de María Cristina, fueron secuestrados en un operativo en el que actuaron las «fuerzas conjuntas».

El hijo de unos pocos meses de María Cristina y Horacio fue dejado con un vecino, a quien luego le ordenaron entregarlo al capellán militar Regueiro. La madre de María Cristina apeló al sacerdote. La respuesta fue que «eran unos delincuentes subversivos que querían matarlo a él y al teniente coronel» (Manuel Saint Imant), y que no le iba a decir dónde estaban. En la misma causa se investiga la desaparición de otros jóvenes todos ligados con el trabajo social en la diócesis de San Nicolás, dirigida por el obispo Carlos Horacio Ponce de León, de la línea progresista cuyo asesinato es objeto de otro expediente judicial.

En este momento hay 256 militares, policías o civiles presos (70 con detención domiciliaria), acusados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Pero hay sólo cinco personas cumpliendo condena por esos hechos y cuyos juicios orales se llevaron a cabo el año pasado.

En la ciudad de Buenos Aires hay siete expedientes que están en manos de los tribunales orales correspondientes a la espera de que se fije fecha para el comienzo de las audiencias. En La Plata, en diez días estará en la misma condición el caso contra el cura Von Wernich. Pero es difícil que en todos ellos haya condenas antes de fin de año.

Aunque la mayoría de las causas que ya están maduras para ir a proceso oral tienen que atravesar un obstáculo adicional: la Cámara Nacional de Casación Penal que según las entidades defensores de derechos humanos actúa como «tapón». En Casación, que es el segundo tribunal en importancia del país después de la Corte Suprema, se acumulan más de cien recursos sin resolver e incluso tiene presentaciones de distintos lugares del país. *