
El mandatario socialista anunció que esperará hasta el próximo jueves para que el Legislativo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) den paso a la consulta popular para definir la Constituyente, que convocó para el 18 de marzo.
“Caso contrario, garantizó (Correa), se organizará bajo amparo legal un tribunal electoral ad hoc que organice el referéndum”, señaló la secretaría de Comunicación.
Entretanto, los indígenas que participaron en los derrocamientos de los ex presidentes Abdalá Bucaram (febrero de 1997) y Jamil Mahuad (enero de 2000) prevén realizar desde hoy movilizaciones de respaldo a la Constituyente.
Después de que el Parlamento no lograra en las tres últimas semanas sesionar para resolver sobre la consulta, decidió tratar el tema con el anuncio de cambios de fondo en el estatuto propuesto por Correa.
La mayoría legislativa rechaza que la Constituyente cuente con plenos poderes como para disolver el Congreso.
A pesar de que los legisladores se comprometieron el pasado miércoles a abordar la discusión sobre la consulta, se avizora una profundización de la pugna con el gobierno de Correa (quien tomó posesión el 15 de enero), el cual había notificado al Parlamento sobre su proyecto como un acto de cortesía.
El mandatario socialista ratificó el sábado en el programa radial “El presidente dialoga con el pueblo” su plan de que la Constituyente tenga poderes omnímodos.
“Lo que no vamos a permitir es que el Congreso cuidando sus curules, sus puestitos, diga (que aprueba) una Asamblea sin plenos poderes, que no ponga en peligro a la partidocracia (…) Eso no lo vamos a aceptar”, dijo.
Para el ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Larrea, “ninguna Constituyente del mundo carece de plenos poderes”.
“Entendemos que puede haber temores y por eso hemos hecho algunas precisiones: no estamos interesados en disolver las instituciones del Estado”, señaló el funcionario, quien justifica anunciadas protestas contra el Congreso, como las de sectores oficialistas realizadas el 30 de enero, que dejaron tres heridos y forzaron el desalojo del hemiciclo.
El Ejecutivo sostiene que constitucionalmente convocó la consulta para que sea organizada por el TSE, pero ese organismo puso el tema a consideración del Parlamento. Este, a su vez, estima que está facultado para autorizar y no reformas en la Carta Política.
Asimismo, el gobierno considera que, debido al tiempo perdido, la consulta en la que se daría forma a la Constituyente que reemplazaría la Carta Magna de junio de 1999 se postergaría para abril.
Si bien encuentra una férrea oposición en el Parlamento, para el cual no presentó candidatos, Correa tiene el apoyo de diversos sectores sociales, como el de los aborígenes, representados por el movimiento político Pachakutik (con 6 escaños legislativos).
“El pueblo ecuatoriano en su mayoría se ha manifestado a favor de la consulta popular para la convocatoria a la Constituyente con plenos poderes”, dijo el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Luis Macas.
“No podemos estar ajenos a esta realidad, por lo cual hemos dispuesto la coordinación en todas las acciones necesarias de movilización”, agregó. *
OTRAS NOTICIAS EN LARED21