Ministro de Gobierno niega acuerdo con Congreso ecuatoriano

El ministro ecuatoriano de Gobierno, Gustavo Larrea, descartó hoy algún acuerdo con el Congreso Nacional y reiteró la necesidad de que ese organismo viabilice la consulta popular que pide una Asamblea Constituyente.

Sólo hubo un diálogo con el líder del Parlamento, Jorge Cevallos, y jefes de bloques, en el cual el Ejecutivo se comprometió a garantizar el funcionamiento de ese órgano de poder, resaltó Larrea a medios de prensa nacionales.

Destacó la necesidad de que los legisladores no excluyan la consulta popular demandada por el pueblo, lo cual ­reconoció­ le otorga al órgano legislativo competencia y capacidad para maniobrar, modificar y hacer cambios al estatuto de la Constituyente.

Larrea subrayó que se busca evitar la confrontación política y el enfrentamiento en el país, pero si el Parlamento sigue con una posición de impedimento del referendo, se crearía un tribunal especial para impulsar el plebiscito.

«Si es posible ir a la consulta sin fricciones es mejor para el país; si es posible el diálogo, sin ceder posiciones, mejor», aseveró.

El ministro ratificó que exigió a los diputados que devuelvan la consulta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que éste la organice y reclamó, además, la elección del nuevo fiscal de la terna enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). El acercamiento Ejecutivo-Legislativo se registra después de que el martes pasado miles de ecuatorianos condenaran la actitud arrogante de los parlamentarios y demandaran la convocatoria a un referendo que llama a una Asamblea Constituyente.

Sin embargo, en medios políticos de izquierda existe escepticismo por este diálogo, pues no creen que los bloques de derecha viabilicen la consulta sin antes hacer cambiar al estatuto de la Constituyente en beneficio sus intereses.

Según voceros del Congreso, existen tres informes sobre este tema y en cada uno se trata de arrastrar al presidente Rafael Correa hacia un camino escabroso, supuestamente constitucional, para dilatar el proceso, amañarlo y que el referendo se haga en el 2008. *