Néstor Kirchner autoriza a militares a revelar secretos

Se supone que esta disposición elimina uno de los pretextos que esgrimen acusados de crímenes de lesa humanidad, a contar o revelar cómo ocurrieron esas atrocidades y sobre todo brindar información sobre dónde pueden estar enterradas las víctimas o los sitios donde fueron arrojados los cuerpos de los «desaparecidos». O contar a quiénes fueron entregadas criaturas nacidas en cautiverio, el desvelo de las Abuelas de Plaza de Mayo.

La medida salió al cruce del pedido que hizo ante el juez federal Torres, el ex capitán naval Alfredo Astiz, que está siendo procesado con vistas al juicio oral y público, por los asesinatos de dos monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, y de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. Astiz, en ese momento, fungía de familiar de los detenidos ilegalmente y marcaba a integrantes del movimiento que participaban en reuniones en una iglesia porteña buscando a sus seres queridos, para que fueran asesinados.

Astiz negó ante el juez que él haya participado de esas atrocidades. Acusó a la Inteligencia militar de Francia de haber perpetrado el crimen. Los dichos del represor se basan en el asesoramiento de los militares franceses en «guerra de contrainsurgencia» desplegada en Argelia. Es verdad que desde fines de los años 50 Francia preparó cuadros argentinos para la represión y tuvo aquí oficinas secretas. Pero Astiz tiende a embarrar la cancha, como afirman los abogados de familiares de las víctimas.

Pues bien, ni él, que se dice tiene un archivo guardado con información que ha usado como elemento de chantaje sobre sus camaradas de armas, para que no lo abandonaran, tendrá ahora la posibilidad de hablar de tantas cosas que sabe. No era necesario el decreto ya que «el ángel rubio de la muerte» no tenía que cumplir con la Ley de Inteligencia (25.520) que impone el silencio sobre las operaciones realizadas por miembros de las fuerzas de seguridad. Fue echado por Carlos Menem de la Armada y perdió la condición de militar.

Garré hizo el anuncio desde la casa de gobierno a poco que Kirchner firmara la disposición que lleva el título de «Relevamiento de secreto por violaciones a los derechos humanos». «Se extiende también a las diversas posibilidades en las que estas personas sean llamadas a declarar» y «sin límite de tiempo». Fue para indicar que el decreto no sólo se refiere a la última dictadura militar, sino que también comprenderá el accionar de la banda parapolicial de ultraderecha Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

Viene a cuento esta aclaración por la resistencia que ofrece la ortodoxia peronista a que se investigue a Isabel Perón por sus responsabilidades en los crímenes de la AAA. Incluso un hombre del riñón del presidente, el diputado Carlos Kunkel, dio una llamativa declaración donde excluye de toda responsabilidad a lo que hizo la Triple A en los 70 y relativiza el conocimiento que podía tener del somatén criollo la que fuera presidenta de los argentinos. ¿Un recule? En esta causa, reabierta tras la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se investiga la desaparición de las religiosas y de otras diez víctimas que frecuentaban la iglesia de la Santa Cruz. *