El impacto del crimen del fotógrafo José L. Cabezas

El crimen conmovió a la sociedad e impactó en la política. Quebró la alianza entre Eduardo Duhalde ­entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires que aspiraba al primer empleo del país­ con Carlos Menem; de éste con su ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien salió a denunciar al imperio del empresario Alfredo Yabrán, un aliado del riojano y rápidamente vinculado a la tragedia.

Duhalde dijo en esos días: «Me tiraron un cadáver». Creyó que era un mensaje vinculado a sus ambiciones.

El caso desnudó a la que Duhalde consideraba «la mejor Policía del mundo», la temida Bonaerense, enredada en el crimen, como se demostró más tarde, e hizo modificar la postura de todos los medios ante el poder. ‘Mataron a un fotógrafo, a un periodista’, fue una señal ominosa. Los afectados y la sociedad lograron frenar lo que podría haber sido considerado un paso violento contra la libertad de prensa.

Cabezas cubría la vida social de Pinamar ese caluroso verano de 1997. Había fotografiado al empresario Yabrán, quien se jactaba de que ni siquiera el FBI o la DEA tenían su rostro actualizado. Yabrán encabezaba el imperio del negocio postal, financiaba a dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición, y fue amigo de Menem, quien lo protegió. Intentaba conseguir del Parlamento una ley que le permitiera el control absoluto del tráfico postal, lo que abría el interrogante de si semejante privilegio hubiera podido ser un instrumento para el narcotráfico, estigma del que nunca pudo reponerse.

Cavallo, quien instaló esa sospecha, no era un antimonopolista; reflejaba en su postura los intereses del negocio postal de Estados Unidos y pretendía obligar a Yabrán a pactar con ellos. El empresario nacido pobre en la hoy notoria Gualeguaychú, se negó. Recurrió a su amigo Menem y zafó, precipitando la ruptura del entonces ministro de Economía con el líder riojano. Es que entraba en crisis el sistema de la convertibilidad, el del un dólar igual a un peso. Estalló a finales de 2001.

Cabezas había conseguido la foto de quien se jactaba además de tener poder, ése que da la impunidad. Una investigación que a muchos expertos no dejó conformes estableció que un hombre del riñón de Yabrán, un ex suboficial, había organizado a un grupo de policías de la zona balnearia para presionar al periodista, pero lo mataron. El asesinato, con todo, tuvo todas las características de un crimen mafioso: el cuerpo del infortunado colega fue incinerado para que no quedaran dudas del mensaje.

Un tribunal condenó a los implicados en la felonía de esa noche calurosa de enero de 1997. La mayoría ya está en libertad por aquello de las chicanas.

Una vez detectada y detenida la banda, el juez de la causa ordenó la detención de Yabrán. Se refugió en una estancia de su provincia natal y allí se descerrajó un balazo con una escopeta de caza mayor. El ADN corroboró que Yabrán era el muerto, pero desde entonces corre la leyenda de que no, que huyó y goza de sus bienes en un sitio indefinido del planeta. Todo no es, desde entonces, igual. Salvo la manera de hacer negocios al amparo del poder.

La memoria de José Luis Cabezas no se fue desgranando. Su calvario obligó al poder a retroceder en sus amenazas de controlar la prensa. El recuerdo, a una década, bien sirve de advertencia sobre quienes piensan que se pueden retacear los derechos y garantías de libre expresión. Al fotógrafo heroico lo recuerdan las entidades profesionales y todos los que entendieron por qué lo asesinaron. *