Paramilitares colombianos: la ley de la pistola y el machete
Serranía de San Lucas, Colombia, Reuters
Sus enemigos lo acusan de asesino y loco mesiánico, pero en este país azotado por la ley de la pistola y el machete, Carlos Castaño, el líder de los escuadrones de la muerte de Colombia, es hoy un protagonista político clave.
Mientras el diálogo entre gobierno y guerrillas izquierdistas parecen no dar frutos, Castaño –el locuaz jefe de las ilegales Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que mantenía su rostro en el anonimato hasta hace poco– construye su popularidad y alimenta aspiraciones de participar en las negociaciones que marcarán el futuro de esta nación de 40 millones de habitantes.
Los paramilitares surgieron en la década de los años 80 como un movimiento de defensa «antiguerrillero» con el apoyo de comerciantes, ganaderos y terratenientes.
Pero la popularidad de Castaño se hace sentir en algunos círculos de las élites políticas y financieras, quienes ven en él a un defensor de sus intereses, e incluso ha penetrado en la clase media de Bogotá y otros centros urbanos, donde no se viven los rigores de la guerra como en la zona rural.
«Castaño es como un héroe. Sus métodos son crueles, pero hay que reconocer que gracias a él la guerrilla no ha llegado a algunas zonas del país», dijo Julián Borrero, un odontólogo de 38 años, que trabaja en un sector exclusivo del norte de Bogotá. «Lo que no ha hecho el ejército lo ha hecho Castaño».
«Trabajo sucio» del ejército
Analistas atribuyen a Castaño, un ex guía del ejército, el haber agrupado a nivel nacional, bajo el paraguas de las AUC, a un disciplinado ejército privado que actualmente cuenta con 8.000 combatientes y que, según el propio jefe paramilitar, tiene presencia en un 70 por ciento del territorio nacional.
Castaño, de 35 años, reconoce que financia sus actividades con recursos del narcotráfico y con contribuciones voluntarias o extorsiones a empresas nacionales y extranjeras.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos acusan a las AUC de hacer «el trabajo sucio» del ejército en la lucha contrainsurgente dentro de un conflicto que ha dejado 35.000 civiles muertos y casi dos millones de desplazados en la última década.
Esos mismos grupos aseguran que las AUC actuán con la colaboración de algunos «sectores duros» del ejército, quienes se oponen a las conversaciones de paz que el gobierno moderado de Andrés Pastrana mantiene desde hace 20 meses con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pese a que existen unas 22 órdenes de arresto contra Castaño por su presunta responsabilidad en masacres, asesinatos y secuestros, sus críticos afirman que tanto el gobierno como el ejército han hecho poco o nada por detenerlo.
El ejército colombiano, que ostenta uno de los peores récords de violaciones a los derechos humanos del hemisferio, niega tales acusaciones diciendo que creó hace poco los «Bloques de Búsqueda» para combatir a los paramilitares.
Dichas unidades, sin embargo, han resultado ineficientes en su lucha, y muchos oficiales del ejército acusados de colaborar con las AUC en violaciones de derechos humanos son rutinariamente absueltos en juzgados militares.
«Brazo armado» de la clase media
En los últimos seis meses, Castaño ha concedido entrevistas a las dos principales cadenas privadas de televisión nacionales en las que apareció vestido de civil en vez de con su tradicional traje de camuflaje.
Pero aunque el jefe paramilitar es visto con creciente simpatía por las élites y la clase media, según los analistas es difícil que su movimiento se traduzca en una alternativa política seria. Castaño es más «un hombre útil» que un posible candidato fuerte a la presidencia, dicen.
Sin embargo, Castaño se considera un «colombiano comprometido con la clase media que no tiene Estado que la defienda» y no descarta crear un partido político.
«Somos una opción de vida y un proyecto político», aseguró en una reciente entrevista con Reuters en uno de sus campamentos militares del norte del país. «Es muy posible que creemos un partido político», afirmó.
Un sondeo publicado recientemente por la revista Semana, la de mayor circulación en el país, reveló que sólo un 8 por ciento de los colombianos estaría dispuesto a votar por un presidente de ultraderecha en las elecciones de 2002. Otro 12 por ciento respondió que votaría por la centroderecha.
Pero Castaño tiene grandes probabilidades de mantener su popularidad mientras las conversaciones de paz con la guerrilla no produzcan resultados y en tanto los rebeldes continúen con sus ataques y secuestros masivos, con los que buscan imponer sus demandas de corte socialista en la mesa de negociación. Las encuestas muestran que la mayoría de los colombianos cree que Pastrana hizo demasiadas concesiones a los rebeldes a cambio de nada y que el proceso necesita una «mano dura».
«Castaño ofrece una opción de fuerza para presionar a la guerrilla y unos servicios de seguridad a mucha gente en medio de la degradación del conflicto armado y la expansión de la guerrilla», explicó un experto.
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