No prescriben los crímenes de lesa humanidad

El crimen contra el general chileno Carlos Prats, ocurrido en el barrio de Palermo de la capital argentina en 1974 no está prescrito, porque forma parte de los crímenes de lesa humanidad que cometió la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional chilena).

Así lo decidió La Cámara de Apelaciones en lo Penal por lo cual el caso seguirá siendo investigado y la jueza federal María Servini de Cubría, que interviene en esta causa, podría pedir la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet para interrogarlo sobre estos hechos.

La resolución se suma a otras anteriores de ambas salas del mismo tribunal, de la Cámara Federal de La Plata y de la Corte Suprema de la Nación, e implica la aplicación a casos concretos del Derecho de Gentes que desde hace un siglo y medio forman parte de la carta magna, enriquecida por los desarrollos del derecho penal internacional posteriores a la segunda guerra mundial.

La prescripción había sido planteada por el general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, cerebro de la DINA quien está inculpado en esta causa. Contreras permanece en la cárcel de alta seguridad de Punta Peuco, al norte de Santiago, por el asesinato en Washington del ex canciller socialista Orlando Letelier.

Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, integrantes de la Sala II, señalan en su resolución que el atentado (contra Prats) no debe ser visto «como un hecho aislado, sino en el marco de las diversas formas de violación de los derechos humanos, que ocurrieron en Chile con posterioridad al 11 de setiembre de 1973, fecha del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet».

La histórica resolución añade que «por la trascendencia internacional, el peligro que entrañaban y la importancia de los medios estatales utilizados para su comisión, fácilmente puede ser caracterizado como delito de lesa humanidad».

El tribunal señaló también que «de acuerdo a los elementos de prueba que se han reunido en el expediente hasta el momento, detrás de la urdimbre y consumación de este crimen se encuentra la DINA».

Un duro camino

Desde el inicio de la investigación sobre el asesinato de Prats, la jueza federal Servini de Cubría encarceló al agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel. A fines de mayo, interrogó en Santiago a cuatro oficiales retirados del ejército: los generales Sergio Arellano Stark y Eduardo Iturriaga Neumann, el coronel Jorge Iturriaga Neumann y el brigadier José Zara. En pocos días, la causa contra Arancibia Clavel pasará a juicio oral y público.

Basada en las investigaciones que inició hace cuatro años, el 4 de mayo Servini de Cubría notificó a Pinochet que existen cargos en su contra.

En curso independiente, el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, decidió que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, no ampara los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar.

Lo hizo en el caso puntual del ex director de investigaciones bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, famoso por su crueldad. El fue quien torturó, entre otros, al hoy diputado nacional Alfredo Bravo y al fallecido periodista Jacobo Timermann.

Con el fallo judicial, el ex comisario podría ser procesado. El nuevo rumbo se desplegó con los juicios por la Verdad, que lleva a cabo la cámara federal de La Plata, actividad que busca ser retaceada especialmente por el Ejército.

Este proceso no es lineal. Ayer el jefe del arma de tierra, general Ricardo Brinzoni, al rememorar el 25 aniversario del asalto a un cuartel de la provincia de Formosa por los irregulares de origen peronista «Montoneros», estuvo al borde de justificar los métodos de la dictadura para combatir a guerrilleros, políticos o disidentes.