De La Rúa cambió parte de su gabinete

Por Isidoro Gilbert

El criticado ministro de Trabajo, Alberto Flamarique deja ese sitio, pero el presidente lo colocó en la estratégica Secretaría General de la Presidencia, desplazando a su propio hermano Jorge de la Rúa, al que envió al Ministerio de Justicia en lugar de Ricardo Gil Lavedra. Fue un cambio sorpresivo. Flamarique, que llegó a Trabajo de las manos del vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez, ha chocado con éste a raíz de su supuesto papel en el caso del Senado.

Como tampoco sale del primer plano el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Fernando de Santibañes, el mensaje presidencial es claro: el gobierno nada tiene que ver con los sobornos y lo que busca es mejorar su gestión con la línea general, la económica en especial ratificada. Más aún: el jefe de la economía, José Luis Machinea, tendrá en el futuro más facultades, ya que se disolvió como Ministerio el de Infraestructura, que en el futuro será una secretaría dependiente de Economía.

Quien estaba en ese cargo, Nicolás Gallo, un viejo amigo del presidente, se va, con rabia, a encabezar el Banco Nación porque su actual titular, Christyan Colombo, reemplaza al intelectual Rodolfo Terragno como jefe del gabinete de ministros. Como nueva titular de Trabajo juró la ex diputada justicialista, Patricia Bullrich que es «compañera de ruta» del Frepaso.

De la Rúa impuso otros cambios en segundas líneas, entre ellos del secretario de Ciencias y Tecnología, Dante Caputo. Pero no se dieron a conocer los reemplazantes. El nuevo equilibrio del gabinete exhibe algún debilitamiento para el espacio de «Chacho» Alvarez, que protagoniza la cruzada contra la corrupción.

De sus relaciones con el presidente mucho se ha escrito estos días pero los cambios anunciados ayer fueron charlados por el binomio en encuentros a solas en los últimos días y Alvarez hizo un claro llamado a «fortalecer la figura de De la Rúa».

La ratificación del rumbo económico no causó sorpresas. Pero sí desagradó en diputados del Frepaso provenientes del partido Socialista Democrático.

Quedan, además de Machinea, Ricardo López Murphy, como titular de Defensa, Graciela Fernández Meijide, en Solidaridad Social, Adalberto Rodríguez Giavarini en la Cancillería. Hace pocos días en lugar de Juan Llach en Educación –quien dimitió– ingresó Hugo Jury y se mantiene en Interior Federico Storani.

La duda que tenían ayer los analistas rondaba en cómo leerían los cuestionados senadores nacionales las movidas del presidente ya que no han sido desplazado el jefe de los espías, y Flamarique se convierte en hombre de confianza de De la Rúa. «Los senadores, bailan de alegría», era ayer el comentario. Con todo, se aguardaba en la Cámara Alta que algún senador salpicado por denuncias de corrupción, dimitiera.

En síntesis: cambios «made in De la Rúa».

La gestión de la Alianza gobernante –coalición entre la UCR (socialdemócrata) y Frepaso (disidentes peronistas y socialistas)– sufrió desgaste en los últimos dos meses por presuntos sobornos en el Senado para aprobar una ley de reforma laboral, pagos de dinero en los que quedaron bajo sospecha funcionarios y legisladores oficialistas.

Además la desocupación creció más de 2% desde diciembre pasado y el panorama social quedó permanentemente amenazado con una serie de conflictos, el último de los cuales fue un paro de camioneros que se resolvió el miércoles para lograr una rebaja en los precios de los combustibles.

El gobierno de De la Rúa había sido formado luego de su asunción a la presidencia, el 10 de diciembre pasado, por la coalición entre la UCR y el Frepaso. La eminencia gris del Frepaso era Flamarique y el otro líder, el vicepresidente, Carlos Alvarez. El cambio ministerial se presenta en un momento en que la cota de popularidad del gobierno se encuentra en su más bajo punto y se multiplican los casos de corrupción que –si bien afectan con más frecuencia a la oposición peronista– le caen también al equipo presidencial. Tres senadores que representan a la Alianza –minoritaria en el Senado donde 39 de las 69 bancas son detentadas por el Partido Justicialista (peronista) y sus aliados– están bajo sospecha de haber recibido sobornos para aprobar en abril pasado una reforma laboral.