Opositores buscan endosarle a Kirchner la detención

Ya se conoce que Isabelita, como la bautizó su marido Juan Perón, ya le dijo al juez que la interrogó en Madrid que no acepta ser extraditada. Eso quiere decir que debe seguir detenida en su domicilio actual en las afueras de la capital de España mientras se sustancia si cabe no su envío a Buenos Aires.

La prensa local, por medio de sus corresponsales en España, anticipan exámenes psiquiátricos a la que fue presidenta de los argentinos entre el 1 de julio de 1974 y el 24 de marzo de 1976, cuando fue detenida por los militares que se auparon en el poder. Su estado de salud fue tenido en cuanta por el magistrado de la Audiencia Nacional, que dejó de lado el pedido del fiscal de un arresto domiciliario y optó por una forma más benigna de la libertad provisional con presentación cada 15 días en el Juzgado.

Los certificados médicos aluden a alucinaciones y lagunas de memoria, y también a que sufre de depresión y estados de angustia.

En el peronismo nadie sale a defender a la ex mandataria, atada con lo peor que dio ese movimiento al país. Pero a un sector mensurable, ese que mantiene concepciones derechistas, no le agrada este proceso que, suponen con cierto tono de realismo, los dejará a ellos también de lado.

Lo llamativo es el arco opositor que salió a criticar a la Justicia y también al gobierno, apuntando a las internas dentro del peronismo, por la detención de la ex presidenta. A veces los argumentos dan pena. Mauricio Macri, el posible candidato de la derecha por el entendimiento «Pro» sostiene que «la Justicia, cuando no es en tiempo y forma, no es Justicia. Me pregunto dónde estuvieron los jueces durante los últimos 30 años para que recién ahora salga a la luz el tema de la Triple A». Que se lo pregunte a Carlos Menem, por caso, que dominó por más de diez años el Poder Judicial

Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de Kirchner, que aspira a relevarlo, disparó sobre la Casa Rosada. Dijo que se trata de «un intento de juicio político al propio peronismo» y acusó al gobierno de montar «obras de teatro para distraernos».

La pretendiente a la presidencia por el ARI, Elisa Carrió, recordó que los jueces Héctor Acosta y Norberto Oyarbide (vinculados a esta causa) fueron denunciados por corrupción por el ARI y «siempre han sido protegidos por el peronismo en cualquiera de sus oficialismos».

Pese a que recordó que «la violencia política y los derechos humanos es el tema más grave en la Nación desde los años 70″ no atina a mirar el sentido educativo de masas que tiene sacar todo lo sucio a luz. Millones de jóvenes que no vivieron esos años de tragedia, por primera vez, de manera masiva, tendrán acceso a la revisión de la historia. Era inevitable esa mirada crítica que llegara a Isabel, la Tripe A y al propio Juan Perón.

Un cacho más realista ha estado el presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien apoyó «todas las acciones judiciales para esclarecer los delitos cometidos por la Triple A», aunque advirtió su preocupación por la «celeridad de la Justicia» en concentrarse en casos del pasado y no del presente. El gobierno mantiene una actitud prudente en torno a estas novedades. Kirchner había hecho declaraciones a Clarín: «No puede haber impunidad para nadie». Así debería ser. *