Juicio a los principales hombres de Pinochet

Por Victor Vaccaro

Este martes 3 los tribunales argentinos deberían decidir si existe o no prescripción en la responsabilidad de los servicios de seguridad de la dictadura chilena y sus mandantes por el asesinato en Buenos Aires el 30 de setiembre de 1974 del ex comandante en jefe del Ejército general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. Tal decisión judicial es el único trámite que falta para que la jueza María Servini de Cubría incluya en el proceso que sustancia como autores intelectuales o directos del crimen al general (r) Augusto Pinochet y otros altos oficiales chilenos de la época, entre ellos los ex generales Eduardo Iturriaga, José Zara, Manuel Contreras, Pedro Espinoza y los agentes de la Dina Michael Townley y Mariana Callejas. La abogada Pamela Pereira, defensora de la familia Prats confía en que se niegue la prescripción de un delito considerado internacionalmente como de lesa humanidad y que «pueda procesarse a Pinochet y a los otros responsables de este acto de terrorismo de Estado». Entretanto, la misma magistrada iniciará el 9 de octubre el juicio oral contra el hasta ahora único inculpado, el ex agente de la Dina Enrique Arancibia Clavel.

El secretario general de Amnistía Internacional (AI), Pierre Sané, de visita desde ayer en Santiago para discutir hasta el día 6 con las autoridades chilenas «un programa nacional de acción en materia de derechos humanos», respaldó la posibilidad de un nuevo juicio contra Pinochet ahora en Argentina. Señaló a un diario local que después del juicio de extradición en Londres quedó establecido que «la tortura y los crímenes de lesa humanidad son delitos internacionales que pueden ser juzgados en cualquier lugar del mundo y no sólo donde fueron cometidos».

Coincidiendo con la presencia de Sané en esta capital para discutir con el tercer gobierno de la Concertación una compensación económica a las víctimas de detenciones y torturas durante la dictadura, la incorporación de cursos sobre derechos humanos a las Fuerzas Armadas, la restricción de los actuales ámbitos de acción de los tribunales militares, la abolición de la pena de muerte y la revisión de la Ley de Amnistía dictada por el régimen militar en 1978, el inicio del proceso contra el desaforado senador vitalicio entró en una nueva postergación.

Ello debido a que el juez especial Juan Guzmán, a cargo de la investigación por los asesinatos en serie de la «Caravana de la Muerte», acogió un recurso de la defensa de Pinochet y una segunda apelación de la parte querellante, lo que suspende sin plazo fijo todas las diligencias, incluida la declaración indagatoria del inculpado, hasta que se pronuncie sobre ambas la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los abogados de Pinochet inicialmente creyeron ver en este pronunciamiento un cambio a su favor en la conducta del ministro Guzmán, quien el 25 de setiembre ordenó al Servicio Médico Legal practicarle a la brevedad exámenes psiquiátricos que determinen si sufre locura o demencia, única causal que lo liberaría de ser procesado. Al acoger la revisión de este fallo y someterlo a la Corte de Apelaciones, podrán insistir en que los exámenes también sean físicos y que éstos señalen, como ocurrió en Inglaterra, que la salud del inculpado no le permite defenderse como lo reclama el debido proceso.La abogada acusadora Carmen Hertz reconoció que la intervención de la Corte de Apelaciones deja sin efecto las órdenes para realizarle a Pinochet los exámenes mentales, la fijación de la fecha y lugar en que deberán realizarse y la designación por las partes de los peritos adjuntos.

«Por tratarse de una decisión dentro del proceso de la caravana de la muerte, la apelación va a la tabla ordinaria de la Quinta Sala, dónde puede quedar esperando varios meses».

Según el diario «El Mercurio», que no oculta sus simpatías pinochetistas, este episodio habría sido inducido por el gobierno como parte de «una ofensiva similar a la que adoptó para traer de vuelta de Londres al senador», es decir que «el caso debía terminar por razones de salud» y porque la prolongación de «esta situación estaba afectando el proceso de reactivación económica» así como «un efecto inhibitorio del compromiso de las Fuerzas Armadas a entregar información sobre los desaparecidos».

En apoyo a esta tesis, se citan declaraciones recientes del ministro del Interior, José Miguel Insulza, según las cuales «si las Cortes deciden que por razones de enfermedad (no por demencia) Pinochet no puede enfrentar un juicio, ojalá todo el mundo lo tomara de buena gana, con buena voluntad. El gobierno lo haría así».