Alberto Fujimori, responsable de la matanza de 41 presos de Sendero

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró responsable al gobierno del ex presidente Alberto Fujimori de la matanza de 41 presos por terrorismo en 1992, en una sentencia de finales de noviembre que fue divulgada ayer por la prensa peruana.

La CIDH llegó a la conclusión de que el Estado peruano violó el derecho a la vida, a la integridad personal, así como los derechos a la protección judicial, en la matanza perpetrada por la policía y el ejército entre el 6 y 9 de mayo de 1992 en el penal Miguel Castro Castro, al este de Lima.

En ese penal estaban presos hombres y mujeres, entre sentenciados y procesados, por vinculaciones con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.

El fallo fue adoptado por la Corte Interamericana el 25 de noviembre y recién ayer fue divulgado por la prensa en Lima.

El 29 de noviembre la Corte dictó otra sentencia -que ya había sido divulgada- a favor de los familiares de las víctimas de la matanza de La Universidad La Cantuta, de nueve estudiantes y un profesor, determinando que el Estado también incurrió en violación del derecho a la vida.

La matanza de La Cantuta se produjo en julio de 1992, dos meses después de la violenta represión al penal Castro Castro.

En abril de ese año Fujimori había dado un autogolpe de Estado, apoyado por la cúpula de las fuerzas armadas, mediante el cual cerró el Congreso, destituyó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia e impuso la censura de prensa.

La Asociación Pro Derechos Humanos saludó la sentencia de la CIDH sobre la matanza carcelaria y expresó su esperanza de que ella, junto a la que se refiere a La Cantuta, llevarán a que las autoridades judiciales de Chile accedan al pedido de extradición de Fujimori presentado por Perú por crímenes de lesa humanidad.

Fujimori, quien dejó su refugio de cinco años en Japón y se trasladó a Santiago en noviembre de 2005, goza de libertad condicional tras estar detenido seis meses, pero está impedido de salir de ese país, mientras el juez chileno Orlando Alvarez decide si acepta o no la demanda de extradición. *