Acusados por la masacre de Haditha

Estos soldados fueron procesados en el recinto de Camp Pendleton, un cuartel naval de California, por su participación en la masacre en la occidental localidad iraquí de Haditha del 19 de noviembre de 2005, y al parecer por lo menos un alto oficial también será sometido a juicio. Otros oficiales, como el capitán Lucas McConnell, que no estuvo presente en el lugar de los hechos pero comandaba a los indagados, ya fueron informados de que se les imputarán cargos de negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

El resto de los que afrontan posibles cargos que van de homicidio negligente a homicidio intencional revistaban en la tercera sección de la Compañía K, Tercer Batallón, Cuarto Regimiento de la Marina. Todos ellos están hoy confinados en Camp Pendleton.

Eugene Fidell, fundador y presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar, dijo a IPS que «los oficiales militares de alto rango rara vez afrontan cargos en este tipo de casos. Los castigan de otros modos, quitándoles el grado o sus pensiones, o reduciéndoles el salario.» Según la organización Human Rights First, ningún funcionario civil ni oficial por encima del rango de mayor, responsable de interrogatorios y prácticas de detención, fue acusado jamás en conexión con torturas o muertes vinculadas a abusos de un detenido bajo custodia de Estados Unidos.

El caso de Haditha es en cierto modo diferente, dado que involucra una masacre de familias en sus propios hogares, pero expertos dicen que comparte con los otros ciertos aspectos como la similitud de las responsabilidades.

«Está claro que el ejército tiene antecedentes de no responsabilizar a oficiales que conocían delitos como los cometidos en Haditha o que realmente participaron ellos mismos en su comisión, tanto en Irak como en Afganistán, desde que comenzó la ‘guerra contra el terrorismo'», dijo John Sifton, investigador y abogado de Human Rights Watch en Nueva York.

«Si uno mira el registro general, con el número total de los oficiales hallados culpables en cortes marciales por cargos así, la cantidad es mínima», dijo a IPS.

«Cuando los oficiales no logran impedir que sus soldados abusen de civiles, o saben que esos delitos van a ser cometidos antes de que ocurran realmente, cabe la responsabilidad de comando», agregó. Gary Solís, del Centro de Leyes de Georgetown, que tiene contactos con la miríada de abogados involucrados en el caso Haditha, dijo a IPS la semana pasada que «la presentación de los cargos indica que la investigación del Servicio Naval de Investigaciones Penales terminó».

Solís, él mismo un marine durante la guerra de Vietnam, enseñó leyes en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York, durante 10 años.

«Personalmente conozco a tres de los abogados» que participaron en la pesquisa «y son abogados destacados», dijo Solís.

La trágica cadena de acontecimientos comenzó en horas de la mañana del 19 de noviembre de 2005, cuando una bomba junto a una carretera en Haditha mató al cabo Miguel Terrazas -de 20 años, procedente de El Paso, en el meridional estado de Texas- y a 19 civiles iraquíes.

El episodio fue calificado de «My Lai iraquí», en referencia a los incidentes de marzo de 1968 en que civiles vietnamitas fueron masacrados por soldados estadounidenses. Tras la muerte de Terrazas, un escuadrón de marines de la Compañía K liderado por el sargento Frank Wuterich, el sargento de 26 años procesado este jueves, fusiló metódicamente a 24 civiles iraquíes que vivían cerca de la escena de la explosión.

Quince de esos muertos eran mujeres y niños. Otro era un anciano en silla de ruedas.

Las investigaciones sobre este tipo de casos son encargados a comisiones militares desde que una corte marcial condenó en 1971 al teniente William Calley, oficial al mando de los soldados que asesinaron al menos a un centenar hombres, mujeres y niños en la localidad vietnamita de My Lai en 1969.

Calley fue condenado a cadena perpetua pero pasó en total tres años y medio en prisión domiciliaria en el cuartel militar de Fort Benning, hasta que fue indultado.

«La idea básica de la responsabilidad en Estados Unidos consiste en que quien participe en una conspiración debe ser castigado legalmente. Eso se aplica tanto a los tribunales civiles como al sistema de la justicia militar», dijo Mike Marchand, que se desempeñó como auditor de guerra asistente para el ejército de Estados Unidos en el Pentágono durante tres años.

Los marines acusados por el incidente de Haditha «pueden haber actuado sin órdenes directas de sus oficiales de mayor rango, por lo menos a partir de todo lo que he leído y escuchado sobre el caso Haditha», dijo.

«Lo que veo que surge en el sistema de la justicia militar (de Estados Unidos), particularmente en Abu Ghraib, es que si uno sabe que se está cometiendo o se va a cometer un delito, entonces uno va a afrontar cargos, y eso también puede aplicarse al caso Haditha, dependiendo de los resultados de la investigación del Servicio Naval de Investigaciones Penales», añadió. *