Montesinos espera en Panamá

Panamá, ANSA

Vladimiro Montesinos cumplió ayer su séptimo día en Panamá a la espera de asilo político, una medida que debe decidir esta semana la presidenta Mireya Moscoso, quien enfrenta una crisis interna por haber recibido al ex hombre fuerte del gobierno de Perú.

«La solicitud de asilo político es infundada porque Montesinos no es un perseguido político y, por el contrario, ha cometido muchas violaciones a los derechos humanos», afirmó ayer la portavoz de la Comisión de Justicia y Paz de Panamá, Magally Castillo.

Montesinos, ex asesor de seguridad y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) del presidente Alberto Fujimori, llegó a Panamá en la madrugada del domingo 24 de setiembre, tras haber renunciado al cargo luego de haber sido filmado cuando sobornaba a un legislador opositor para que pasara a las filas del oficialismo.

Los partidos políticos opositores protestaron contra la llegada de Montesinos a Panamá, una medida que fue solicitada por Fujimori a Brasil, país que hizo las consultas en el hemisferio sur para acordar la decisión del traslado del «Rasputín» del gobierno peruano.

Sin embargo, las presidenta panameña dijo que su gobierno tratará de cumplir con el «compromiso hemisférico» para ayudar al pueblo peruano a buscar su camino democrático.

Tras el escándalo, Fujimori convocó a elecciones anticipadas de las que prometió no participar, tan sólo dos meses después de su cuestionada por fraudulenta segunda reelección consecutiva.

Inicialmente Moscoso rechazó dar asilo a Montesinos, pero pocas horas después el polémico ex jefe de Inteligencia y Seguridad de Fujimori llegó al país donde se encuentra en calidad de turista, en un lugar desconocido y con la prohibición de hablar públicamente.

Siete de los trece colaboradores de Montesinos que también llegaron a Panamá fueron expulsados a Perú por el gobierno panameño, luego de un pedido de dos congresistas de oposición peruana que pidieron a Moscoso no otorgue el asilo y exigieron la extradición del ex asesor fujimorista.

Las congresistas peruanas Anel Towsend y Mercedes Cabanillas retornaron a Lima luego de entrevistarse con el canciller panameño, José Miguel Alemán, y el presidente del Parlamento Nacional, Laurentino Cortizo.

Versiones periodísticas indicaron que Moscoso conversó telefónicamente con el líder opositor peruano, Alejandro Toledo, con quien se comprometió a extraditar a Montesinos en caso de que ganara las próximas elecciones de Perú.

A Panamá también arribaron víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos por Montesinos, así como la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú (CDHP).

Pablo Rojas, de la CDHP, subrayó que «estas violaciones deben ser investigadas y no deben quedar impunes». Los panameños rechazaron la presencia de Montesinos en este país, porque lo consideran como un personaje «siniestro, oscuro y violador de los derechos humanos», según demostraron diversas encuestas de opinión difundidas en esta capital.

Según la prensa local, Montesinos mantiene cuentas bancarias en Panamá por unos cien mil dólares y otras fuentes indicaron que posee bienes e inversiones en territorio panameño.

El jefe de Seguridad de Panamá, Pablo Quintero Luna, dijo desconocer el paradero de Montesinos, pero no negó que el peruano sea custodiado por agentes de seguridad de este país.

Mientras Moscoso estimó, en su momento, que podría tomar «unos doce días» en definir el futuro de Montesinos, el canciller Alemán dejó entrever a la prensa local que «ya es un hecho» el asilo político del peruano en Panamá.

El gobierno panameño propuso el canje de asilo político a Montesinos por la liberación del pintor panameño Pacífico Castrellón, actualmente en cárceles peruanas acusado de terrorismo tras un juicio irregular, pero hasta hoy no ha tenido respuesta. La detención de Castrellón formó parte de los operativos contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru que diagramaba Montesinos. Según fuentes periodísticas peruanas, Montesinos también perdió su poder ante los militares peruanos luego de que se vio involucrado en la compra ilegal de armas desde Jordania que finalmente terminaron en poder de la mayor guerrilla de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).