Enfrentamientos entre civiles aumenta la tensión en Bolivia

La ministra de Gobierno (Interior), Alicia Muñoz, informó ayer que «se ha reforzado la presencia policial y militar» en los poblados de San Ignacio y San Miguel, en Santa Cruz, donde ocurrieron los enfrentamientos que no dejaron muertos ni heridos y que culminaron con 14 detenidos.

En los enfrentamientos fueron incendiados dos mercados de abasto popular que son utilizados por vendedores provenientes de los Andes bolivianos, según primeros reportes en ambos poblados.

«Se han producido agresiones y hay dirigentes perseguidos», afirmó el dirigente de los colonos de San Ignacio, Adhemar Peña, quien responsabilizó a la ultraderechista Unión Juvenil de San Ignacio, ligada al político empresarial Comité de Santa Cruz (Cpscz), que el viernes último junto a la gobernación de Santa Cruz impulsó un multitudinario cabildo para reclamar autonomías.

En declaraciones a una estación de televisión local, un poblador que se identificó sólo como Miguel dijo que en San Ignacio «estamos atemorizados, vivimos incertidumbre».

La titular de Gobierno informó que se dispuso que la Fiscalía y la Policía procedan a la detención de 14 personas involucradas con los hechos de violencia e inculpó a autoridades municipales como propiciadores de las agresiones a comerciantes pobres e indígenas del lugar.

Al menos dos radioemisoras denunciaron «hostigamiento» por parte de la Unión Juvenil de San Ignacio.

Muñoz informó que «se ha reforzado la presencia militar y policial» en Santa Cruz, bastión de la oposición más férrea a la gestión de Morales. Autoridades y líderes de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (sur) exigieron el viernes último, en masivos mitines populares, desconcentrar las atribuciones de la administración de La Paz.

Voceros del Cpscz negaron cualquier vínculo con los hechos sucedidos en los dos poblados y abogaron por exigir a las autoridades policiales y judiciales investigar lo ocurrido.

Bolivia vive desde hace más de dos semanas fuertes divergencias, particularmente entre el oriente rico y el occidente pobre, por al reclamo de autonomías regionales y discrepancias sobre cómo deber ser aprobada la nueva Carta Magna en la Asamblea Constituyente que sesiona desde agosto pasado. *