Crece la tensión en Bolivia

El clima de diálogo abonado por la Iglesia católica y asumido la antevíspera por el gobierno boliviano comenzaba a germinar entre las organizaciones sindicales, pero los bloqueos de caminos y las protestas sociales en las ciudades continuaban sin variantes. El líder de los indígenas aymaras y quechuas, Felipe Quispe, anunció su predisposición a entablar negociaciones con el gobierno en el poblado de Achacachi, donde en abril último tropas e indígenas libraron encarnizados enfrentamientos con un saldo de tres muertos y numerosos heridos.

«Tendremos pase libre al lugar y los ministros (de Estado) tendrán garantías para ir a la reunión, mientras tanto nadie levantará una piedra» de los bloqueos, que ya se cobraron nueve muertes y cien heridos, manifestó.

Jefe en la década de los ochenta del extinguido Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), un movimiento marcadamente indianista, Quispe, el ‘mallku’ (cóndor en lengua aymara), parlamentó este viernes en su sede sindical de La Paz con delegados de la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.

En tanto, otro líder campesino del trópico, el cocalero Evo Morales, que encabeza un prolongado bloqueo de la principal ruta del país, se reunía con delegados del poder Ejecutivo, entre ellos el ministro de Gobierno (Interior), Guillermo Fortún.

Morales dejó sentado que su presencia en el primer acercamiento desde estallado el conflicto hace casi dos semanas sería «sólo por respeto, porque el gobierno ya ha dicho su palabra» sobre el tema del narcotráfico.

El diputado-cocalero hacía alusión a un mensaje a la nación formulado la víspera por radio y televisión por el presidente de Bolivia, Hugo Banzer.

«Ya lo hemos dicho y lo repito hoy: nuestra lucha contra el narcotráfico es inclaudicable, no transable por nada, es definitiva», advirtió entonces el mandatario.

De cara al diálogo con los cultivadores de coca, Banzer opinó que «pierden el tiempo quienes piensan que a la erradicación se la puede negociar con ánimo de revertirla. Junto con esto está lo de los (tres) cuarteles en el Chapare», cuya construcción –con financiamiento de Estados Unidos– es resistida por los sindicatos.

Pese a abrir un escenario de diálogo, Banzer remató con vehemencia que «quienes están en contra de la erradicación, están con el narcotráfico».

En un claro mensaje a Morales y los cultivadores de coca, el mandatario estimó que «es insensato e inmoral que grupos minoritarios se atrevan a plantear a mi gobierno que detenga la erradicación de los cultivos de coca excedentaria. Ello equivale a pedir que se entregue nuestra patria al narcotráfico».

Según el dirigente sindical, los cocaleros plantearán al gobierno que cada unos 30.000 cultivadores puedan mantener un ‘cato’ (superficie de 40 x 40 m) de la hoja, lo que sumarían aproximadamente 7.000 hectáreas.

Banzer está decidido a eliminar cualquier vestigio de coca ilegal y excedentaria en el Chapare hasta fines de su mandato en agosto de 2002, y está a sólo 2.200 hectáreas de cumplir esa meta.

En tanto, los campesinos reclaman –apoyados en una huelga indefinida– un aumento salarial del 50% y el comité cívico-regional de Cochabamba, el archivo de una controvertida ley de aguas.

Los campesinos adelantaron que se mantendrán firmes en su planteamiento de anulación de las leyes de agua y tierras y vaticinaron que el gobierno no cederá ante ninguno de los dos puntos.

Desde que se desató el conflicto, los campesinos se han enfrentado con tropas combinadas del Ejército y la policía que intentaron infructuosamente desde el lunes despejar las rutas.