España pidió la extradición

El Consejo de Ministros –precisó– ha acordado «tramitar la extradición activa» del ex militar argentino, ante una «propuesta» cursada por la Audiencia Nacional, máxima instancia penal española, por «delitos de genocidio y terrorismo» traducidos en casos de torturas, toma de rehenes, secuestros y desapariciones imputados a Cavallo.

Fuentes judiciales habían adelantado a la AFP la decisión adoptada por el gobierno, y recordaron que la petición judicial de extradición la había cursado el pasado 12 de setiembre el juez Baltasar Garzón, que procesa a Cavallo en Madrid en el marco de una causa sobre desaparecidos durante al dictadura argentina (1976-83).

En la solicitud judicial de extradición, el juez Garzón afirma que se considera acreditado que Cavallo «participó presuntamente en forma directa y activa» en las detenciones, secuestros, desapariciones, torturas físicas y psíquicas y muertes de diferentes personas en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), en la que el ex militar estuvo destinado entre 1976 y 1980.

Según el sumario abierto por Garzón, 248 personas fueron «secuestradas y siguen desaparecidas o fueron ejecutadas» por miembros del Grupo de Tareas de la ESMA, de los cuales 227 casos «se registraron durante el tiempo» en que Cavallo formaba parte de estos Grupos Operativos.

Con su decisión de este viernes, el Consejo de Ministros acordó autorizar la continuación del procedimiento de extradición de Cavallo iniciado a nivel judicial.

Siguiendo las normas habituales para estos casos, cuando un juez instructor pide la extradición de algún acusado, es el Gobierno el encargado de tramitarla ante el Gobierno y las autoridades correspondientes, como ya ocurrió en octubre de 1998, cuando Garzón pidió a Gran Bretaña la extradición –posteriormente denegada– del ex dictador chileno Augusto Pinochet, entonces detenido en Londres.

En el «caso Cavallo», la Cancillería española comunicará con la urgencia debida a la embajada de España en México la petición oficial de extradición instada por el juez Garzón, para que la representación diplomática la haga llegar a las autoridades mexicanas que deben decidir al respecto.

Garzón, que investiga desde 1996 una serie de denuncias sobre desaparecidos durante el régimen militar argentino, había pedido la extradición de Cavallo para interrogarlo sobre una serie de acusaciones de torturas presentadas en su contra por familiares de víctimas o de propios torturados.

Cavallo se encuentra detenido en México desde el pasado 24 de agosto por supuestos delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

Así como también ocurrió en el marco de la «guerra judicial» desatada en España por el «caso Pinochet», esta vez la Fiscalía de la Audiencia Nacional también ha recurrido, el pasado 19 de setiembre, el auto de extradición del presunto torturador argentino tramitado por el juez Garzón.

Anteriormente, la Fiscalía había recurrido también el auto de prisión y el procesamiento de Cavallo dictados por Garzón, por «falta de competencia» de la jurisdicción española por los delitos que se imputan al ex militar argentino.

Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, estima que las cuestiones sobre la competencia de la jurisdicción española en delitos de genocidio, terrorismo y torturas no han sido «resueltas pacíficamente ni por la jurisprudencia ni por la doctrina científica».

Fungairiño mantiene inalterable la postura que mantuvo durante el «caso Pinochet» sobre la «falta de jurisdicción española» para procesar a ex militares latinoamericanos.

Pero, los abogados acusadores subrayaron a la AFP que esta posición «no tiene fundamentos», pues «el 30 de octubre de 1998 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunció ya a favor de la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar los presuntos crímenes contra la Humanidad cometidos en Chile y Argentina».

En el caso de Cavallo, el fiscal jefe piensa que el procesamiento del ex militar y la solicitud de extradición vulneran la soberanía nacional de Argentina.