Piden el retiro de coronel torturador

El jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Ricardo Brinzoni, anunció que se estudia asesorar a los militares que viajen al exterior, para que no les pase lo del mayor (r) Jorge Olivera o lo del capitán naval Roberto Cavallo, que fueron detenidos en Italia y en México, por su participación en el terrorismo de estado de los años 70.

Pero el jefe del Ejército se aleja cada vez más de la sociedad civil, e incluso del propio gobierno (o de sectores del mismo). En los dos casos, las autoridades se han limitado a ofrecerles ayuda consular.

Para el asunto Olivera se preparan querellas por falsificación del documento que le permitió burlar incluso al derecho italiano y zafar de la extradición reclamada por Francia por el secuestro y desaparición de la joven Marie Anne Erize.

De este asunto se ocupará en Roma la semana próxima el jefe del gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, estos días en Pekín en una asamblea de grandes urbes, habida cuenta que fue en dependencias comunales que se consiguieron papeles que fraguaron un certificado, inexistente, de defunción de la muchacha franco-argentina.

Ibarra fue el fiscal que ayudó a condenar a militares golpistas y un activo militante de los derechos humanos.

Brinzoni se fue de boca cuando afirmó que Olivera sufrió un «atropello» al ser detenido en Italia por cuestiones que para él pertenecen a la jurisdicción argentina. Y claro, las organizaciones defensoras de derechos humanos le fueron al humo: «El único atropello son la Obediencia Debida y el Punto Final y el indulto, que consagraron la impunidad», dijo Mabel Gutiérrez, como voz de ese sector social,

Este diario sabe que el presidente Fernando de la Rúa encargó a los ministros de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, al de Defensa, Ricardo López Murphy, y al canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini, que sistematicen todos los antecedentes sobre los casos que involucran a los militares en violaciones de derechos humanos, para poder fijar una posición oficial definitiva.

Una fuente inobjetable confió que la resultante de toda esa documentación ratificará la defensa de la territorialidad, pero mantendrá la postura de que militar que es detenido en el exterior no será defendido por el gobierno.

Es por estas razones que Brinzoni anunció que buscará asesorar a los militares con nexos con el pasado de terror, y que quieran viajar al exterior.

«Hay oficiales de promociones que suspendieron viajes al exterior de aniversario después de los casos Cavallo y Olivera», comentaron a este diario.

A Olivera, amén de poder caerle un juicio por falsificación de documento público, se le abrió otro escenario como letrado: una posible impugnación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde se preguntan si puede ejercer alguien que ha falsificado documentos.

De la Rúa y el ministro de Defensa tienen otro hierro caliente que cae en sus manos: qué hacer con Eduardo Daniel Cardozo, ascendido a coronel en marzo, a pesar de la oposición de los organismos humanitarias y que como Olivera estuvo encartado en el trágico caso de la modelo y militante montonera, Anne Marie Erize.

Por lo pronto, una larga lista de diputados de la Alianza y el peronismo, encabezada por sus titulares, Dario Alessandro y Humberto Roggero, pidieron el pase a retiro del coronel de marras.

No es frecuente, estos días, especialmente en la Cámara baja, conseguir un criterio único entre aliancistas y peronistas; Cardozo logró el milagro. Falta que lo entienda el presidente.