Argentina intentará procesar a ex mayor

La Justicia romana consideró con ese elemento que la causa abierta en Francia contra Olivera había prescripto y, de tal manera, no correspondía habilitar el proceso de extradición reclamado por ese país.

Como el caso de Al Capone, que fue enviado a la cárcel por evadir impuestos y no por mafioso, a Olivera le puede ocurrir lo mismo.

El ex mayor había sido detenido el 6 del mes último en el aeropuerto de Fiumicino, cuando se aprestaba a regresar a Argentina, después de haberse presentado sin éxito en una causa contra Gran Bretaña por el hundimiento del crucero «General Belgrano» durante la Guerra de las Malvinas.

En fuentes oficiales se cree que fue el servicio de Inteligencia británico, más que los organismos civiles europeos, quien advirtió por esa presencia hostil.

Como ese documento aparece como expedido por un Registro Civil porteño, el jefe de la comuna, Aníbal Ibarra, hará su presentación para solicitar una copia autenticada que permita determinar si fue adulterado, y luego presentarlo ante los tribunales argentinos.

Con la falsificación comprobada judicialmente habrá motivos para procesar a Olivera.

El militar acusado en Francia, ahora no tiene ninguna causa abierta en contra de él en Argentina, ya que las acusaciones que tenía de haber participado en la represión ilegal cayeron con las leyes de obediencia debida y punto final.

Un verdadero collage

Ibarra viaja hoy a China Popular a un encuentro de alcaldes y a su retorno pasará por Roma donde la legación argentina busca obtener la copia del documento.

La solicitud de la partida de defunción de la joven francoargentina fue «adulterada» y se armó un collage con los sellos de los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores y hay pruebas de ello.

De la constancia del trámite en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires se deduce que la defensa de Olivera rellenó varios casilleros, entre ellos el de la fecha y lugar de fallecimiento de Marie Anne Erize.

Las irregularidades en el documento fueron constatadas por el secretario de Gobierno porteño, Raúl Fernández.

Además en la provincia de San Juan se investiga si Olivera participó en la apropiación de niños. En el grupo del que formaba parte la joven participaban tres embarazadas que también desaparecieron.

El papel presentado por la defensa de Olivera –encabezada por Augusto Sinagra, abogado del gran maestre de la logia P2 Licio Gelli–, y el que surge del Registro Civil de Buenos Aires tienen el mismo número de trámite: CE02-DCB-429742.

Pero en el primero figura como fecha de fallecimiento el 11 de noviembre de 1976 y en el segundo el casillero está vacío. El lugar de la muerte, en la hoja que le sirvió al mayor retirado y abogado para no ser extraditado, es San Juan. El documento del gobierno porteño carece de especificación del sitio donde habría muerto Erize.

Además, la presunta fecha y la palabra San Juan tienen otra tipografía, de lo que se desprende que estos datos fueron agregados.

Cárcel por otro delito

En el papel que usó Olivera figura que los solicitantes de la partida abonaron veinte pesos por la búsqueda de datos y a la vez aparecen los números de tomo, año y asiento. Pero los 20 pesos se pagan cuando no se posee esa información. Por lo tanto esos números también fueron añadidos.

En el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires se realizaron tres pedidos de partidas de defunción de Erize en setiembre de este año y resultaron negativos porque no existe partida de defunción de Marie Anne en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es así porque la joven está desaparecida y según indicaron testigos, fue secuestrada el 15 de octubre de 1976 en la ciudad de San Juan por un grupo de tareas en el que se encontraba el ex carapintada Olivera.

Sin respuesta, quienes realizaron los trámites fueron a hacer un reclamo el día 12 (anotación a mano sobre el papel) y todo indica que al irse sin nada decidieron agregar los datos que no consiguieron y necesitaban para presentar en Italia y así evitar la extradición a Francia. El 15 los abogados del represor presentaron el papel en Italia. Para darle apariencia de documento importante, los gestores de Olivera, cuyos nombres son todavía un misterio, llenaron la hoja con sellos y firmas oficiales, todos falsos, ya que no corresponden a las prácticas actuales de la cancillería y el Ministerio del Interior y otras irregularidades que ponen a Olivera al borde de un proceso que lo puede llevar a la cárcel en Argentina, el país más seguro para los represores criollos.

Un comité local de Acción Jurídica, interpreta que se puede tratar de «fraude procesal», agravado por tratarse de una causa por delitos de lesa humanidad.

El comité llevará a los camaristas italianos a la Corte Europea por dejar en libertad a «un acusado de crímenes contra la humanidad».